El precio del talento en el Estado
Existe un consenso transversal, casi aburrido de tan repetido, sobre que el Estado chileno funciona mal. La izquierda lo atribuye a la falta de recursos; la derecha, a la falta de diseño. Pero el debate se ha centrado -equivocadamente, a mi juicio- en esos dos frentes, cuando hay un tercer diagnóstico que suele quedar relegado: buena parte del problema es la calidad del capital humano que ingresa al Estado. Y si de verdad queremos servidores públicos más capaces, debemos estar dispuestos a pagar un precio que hoy nadie quiere nombrar.
El precio no es solo fiscal. Es, sobre todo, moral. Hemos construido un imaginario del buen funcionario como alguien casi ascético: sin intereses privados, sin vínculos con el mercado, disponible para servir por pura vocación. De esa figura idealizada se desprende una consecuencia que parece virtuosa y resulta empobrecedora: cada vez que asoma la sospecha de un conflicto de interés, la respuesta chilena no es regularlo con inteligencia, sino prohibirlo con celo. Sumamos inhabilidades sobre incompatibilidades, y estas sobre carencias, en una escalada que confunde la probidad con la abstinencia.
Antes de decidir cómo regular, conviene definir un supuesto que casi nunca se examina: que quien viene del mundo privado arrastra intereses sospechosos, mientras que quien se dedica de lleno a lo público actúa solo por el bien común. Es una ingenuidad. No existe el agente sin intereses. El político profesional también los tiene, y muy concretos: su primer interés es la reelección. El parlamentario que legisla y fiscaliza no es un santo desinteresado frente al empresario impuro; responde, como todos, a incentivos, y el suyo más poderoso es conservar el cargo. Mirar la política sin romanticismos significa aceptar que el interés propio no entra al Estado por la puerta del sector privado: ya vive dentro, con credencial permanente.
La relación entre la ciudadanía y quienes actúan en su nombre es, en el fondo, un problema de agencia: el ciudadano es el principal; el funcionario y el político, sus agentes. El desafío no es encontrar agentes angelicales —no los hay—, sino alinear sus incentivos con los del principal. Y aquí la estructura chilena no es uniforme. En los cargos bajos y medios, las remuneraciones suelen ser iguales o mejores que en el sector privado, con una inamovilidad que el mercado no ofrece: ahí no falta quién postule, sino un exceso de protección que premia la permanencia por sobre el desempeño. El problema se concentra donde más importa. En los altos cargos —los que dirigen servicios y ejecutan presupuestos millonarios— los sueldos son bastante más bajos que sus equivalentes privados, aun tras los ajustes razonables de la Comisión para la Fijación de Remuneraciones de las Altas Autoridades, y a ese costo de oportunidad se suma una maraña de responsabilidades penales, administrativas, constitucionales y políticas que hacen del alto servicio un terreno de riesgo personal permanente. Pedimos a los mejores que ganen menos, arriesguen más y toleren la sospecha por defecto. No sorprende que muchos no estén disponibles.
Es el costo que no se ve. Lo visible es el sueldo que juzgamos privilegio o la «puerta giratoria» que denunciamos como captura; lo invisible —y por eso indefenso— es el buen candidato que nunca se presentó, la política que se diseñó peor porque la pensó alguien menos competente. El ensayo de FARO UDD que escribimos con Natalia González y Jorge Cordero lo documenta: Chile tiene que atreverse a discutir sus políticas de empleo público y atracción de talento. Mientras muchas democracias permiten actividades externas adicionales –en el caso de los parlamentarios, por ejemplo-, nosotros optamos por la prohibición amplia, como si la desconexión total del mundo productivo fuese garantía de integridad. Cuando un sistema penaliza la experiencia y premia la disponibilidad incondicional, no atrae a los más íntegros, sino a quienes tienen menos alternativas. Seleccionamos, sin quererlo, por descarte.
Y esto importa hoy más que nunca, por tres razones que el debate apenas roza. Primero, el Estado es una estructura rígida y la política un terreno arduo para acordar cambios de fondo: mover esa maquinaria exige liderazgos excepcionalmente capaces y potentes, no administradores dóciles. Segundo, viene una disrupción tecnológica mayúscula —la inteligencia artificial reordenará la gestión pública— y las estructuras estatales son demasiado rígidas para adaptarse solas; sin talento que entienda la dirección del cambio y sepa conducirlo, la rigidez se volverá obsolescencia. Tercero, Chile es un país de ingresos medios que corre el riesgo de quedar atrapado en esa trampa: dar el salto en crecimiento, productividad y calidad de los servicios públicos no ocurre por inercia, sino por capacidad de innovación y gestión. Las tres cosas tienen el mismo requisito y el mismo costo: talento de alto nivel, bien gobernado y empoderado.
Nada de esto implica desregular la probidad ni bajar la guardia frente a la corrupción. La virtud pública importa, y el respeto conservador por las instituciones también. Pero conviene distinguir entre cultivar la virtud y sobre-regularla: las instituciones sanas no descansan en la desconfianza codificada hasta el absurdo, sino en incentivos correctos, responsabilidad efectiva y una cultura que premie el buen desempeño. Al final, las reglas importan más que las intenciones: podemos desear el mejor Estado del mundo, pero si nuestras reglas expulsan sistemáticamente al talento, obtendremos lo contrario de lo que declaramos querer. Sobreregular la virtud produce el peor de los mundos: un Estado que no es más probo —la corrupción halla siempre sus rendijas— pero sí notoriamente menos capaz.
Mi posición es que debemos pagar ese precio, y hacerlo una prioridad: atraer talento, gestionarlo y empoderarlo, en vez de blindar al Estado contra las personas. Esa apuesta tiene una condición incómoda: aceptar que un buen Estado cuesta. Cuesta pagar bien donde hay que competir por talento y dejar de sobreproteger donde no. Cuesta tolerar que quien sirve haya tenido —y pueda volver a tener— una vida productiva fuera del aparato estatal. Cuesta cambiar la sospecha por reglas parejas y responsabilidad efectiva. Podemos seguir prefiriendo la comodidad moral de un Estado impoluto y mediocre, o asumir el costo de uno competente, capaz de conducir el país en la década decisiva que viene. Lo que no podemos es seguir exigiendo lo segundo mientras legislamos, obstinadamente, para garantizar lo primero.