El origen
La caída real de 10,39% que acumuló el fondo E entre enero y septiembre golpea los ahorros que financian la vejez. Que ocurra en la alternativa más conservadora del sistema exige esclarecer las responsabilidades de las AFP. Tarea compleja para la Superintendencia, que tendrá que conjugar dos premisas en tensión: los límites de inversión no agotan el contenido del deber de diligencia, pero las pérdidas económicas tampoco prueban, por sí solas, su incumplimiento.
En paralelo se ha dado el intercambio político, que incluye desde declaraciones hasta proyectos de ley, y van desde la sensatez hasta el delirio, incluyendo renovados intentos de desinstitucionalización. Sería deseable que cuando se aquieten las estridencias, quienes hacen política en serio se aboquen a una doble discusión anterior.
Primero, investigar al administrador hace preciso examinar el apego a las reglas y la oportunidad con que actuó el fiscalizador. No está de más recordar que las eventuales responsabilidades privadas no solo coexisten con las públicas, sino que suelen hacerlo. Los entes fiscalizadores y sus funcionarios (como ocurre con entidades privadas y sus ejecutivos), deciden con información incompleta y enfrentan incentivos y presiones. Su fin social, que es la protección del interés público, no garantiza su perfección (¿hace falta recordarlo?); y la confianza que se deposita en ellos requiere capacidades verificables y controles externos.
Ello nos remite a una segunda cuestión. Este episodio exige revisar la arquitectura regulatoria concreta. Ciertos mercados, por su naturaleza, necesitan regulación, y el de las pensiones es, indiscutiblemente, uno de ellos. El problema nace cuando olvidamos, o peor aún, nunca supimos, que las normas no están fuera del sistema económico sino que son parte de él. Ellas modifican incentivos, distribuyen riesgos y condicionan decisiones, y su calidad se juega en esos efectos.
Volver al origen supone preguntarse qué estamos haciendo al regular y cómo sabemos que funciona. Si cada crisis se resuelve agregando facultades sin evaluar la existencia, diseño y uso de las que ya existen, el sistema aprende poco y se hunde más. Sabemos, pero parecemos olvidar, que una regla puede cumplirse escrupulosamente y, aun así, estar mal diseñada. No asumimos en el debate que una mala regulación puede agravar lo que pretende corregir cuando induce conductas no deseadas, oculta riesgos, o genera expectativas de transparencia que no puede satisfacer.
Estos asuntos debiesen estar presentes en el debate actual sobre AFP junto a la pregunta por la responsabilidad de estas últimas.
En resumen, la política en serio necesita investigar si los controles estatales atendían acertadamente al riesgo y si el ejercicio concreto de la función fiscalizadora se ajustó a las exigencias normativas. Y en ambos casos, necesita ponderar, sin dar por acreditada fallas, a partir del resultado de las inversiones. Se trata de cuestiones delicadas y serias, al igual que determinar la responsabilidad de las AFP. Son también asuntos insoslayables, si el objetivo es proteger a los chilenos y sus pensiones. Si el interés, en cambio, es desmantelar el sistema con renovados bríos, no hace falta atender a estas minucias. Volver al origen supone preguntarse qué estamos haciendo al regular y cómo sabemos que funciona. Si cada crisis se resuelve agregando facultades sin evaluar la existencia, diseño y uso de las que ya existen, el sistema aprende poco y se hunde más. El problema insisto, es para quienes quieren defender a los chilenos conservando el sistema. Que no se nos olvide.