El ofertón de marzo
El gobierno ha querido comenzar marzo con dos iniciativas sociales muy populares. Por un lado otorgará un bono de $ 40 mil por grupo familiar que no sólo se asignará a los más necesitados, sino que también irá en beneficio de más de 300 mil familias de clase media. Asimismo, se propone anticipar -previsto para julio- el reajuste del salario mínimo por sobre los $ 200 mil.
Hay muchos aspectos que se podrían comentar respecto de estas dos medidas; sin embargo, quizás lo más importante dice relación con las señales e incentivos que generan.
La entrega de un bono en marzo no sólo a familias necesitadas sino también a parte de la clase media es una medida innecesaria dado el dinamismo del mercado laboral, del gasto social y el consumo privado. La experiencia internacional demuestra que un Estado que pierde la capacidad de focalizar sus recursos en los más vulnerables genera importantes ineficiencias, mayor burocracia, desincentivo al trabajo, pérdida de libertades para elegir y ahogo de la iniciativa privada. La existencia de estados de bienestar no necesariamente ha traído mayores beneficios a la población en términos de oportunidades de empleo o de generación de ingresos, y por el lado del financiamiento de dichos programas o beneficios (permanentes y transitorios), las mayores tasas de impuestos tienden a reducir los incentivos a trabajar, ahorrar e invertir. Muchos de los países que desarrollaron este tipo de sistemas de protección están actualmente reduciendo el gasto y reformulando sus políticas sociales, centrando los beneficios en la población más pobre y con límites de la asistencia estatal condicionándola a la búsqueda de empleo -tal como las transferencias condicionadas del Ingreso Etico Familiar-, sin que ello haya ocasionado un deterioro en los indicadores de desarrollo humano, ni cambios en la distribución del ingreso.
De la misma manera, quien podría estar en desacuerdo con el loable objetivo de mejorar la vida de los trabajadores chilenos a través de un aumento del salario mínimo.
Evidentemente que nadie. Sin embargo, el anuncio del gobierno, como siempre, tendrá de dulce y agraz. Por un lado se justifica como respuesta a problemas de concentración de la demanda laboral, como herramienta para mejorar la situación de los asalariados más pobres, y por su capacidad para entregar señales a un mercado en que problemas de asimetría de información o de dificultad para medir la productividad del trabajador, pueden ser significativos.
No obstante, la evidencia empírica sugiere que el salario mínimo puede tener efectos negativos sobre el empleo y la desigualdad salarial. Estos efectos deberían ser de especial preocupación para un gobierno que busca mejorar las oportunidades de los más vulnerables.
En este sentido, dado que el salario mínimo no es la forma de lograr un ingreso justo, existen otras políticas sociales iguales o más efectivas para aumentar los ingresos de los trabajadores más pobres. En efecto, una mejor capacitación laboral y la fiscalización de los subsidios en las familias donde predominan estos trabajadores siguen siendo los mejores instrumentos.
La entrega de un bono en marzo es una medida innecesaria dado el dinamismo del mercado laboral, del gasto social y el consumo privado.