El huracán demográfico de las universidades
Chile está viviendo una transformación demográfica de una magnitud sin precedentes. La tasa de fecundidad cayó en 2025 por debajo de un hijo por mujer y las últimas proyecciones del INE señalan que nuestra población comenzará a disminuir a partir de 2035.
El primer impacto lo sufrirán los colegios. Diversas estimaciones anticipan que deberán cerrar varios miles. Pero la ola no termina en los colegios. Algunos años después, llegará a las universidades.
Durante los próximos años, el impacto sobre ellas será todavía relativamente acotado. Pero sabemos lo que ocurrirá después, inevitablemente. A partir de 2035 la población de 18 años de edad, cuando los alumnos ingresan a la educación superior, decrecerá violentamente y en 2050 será del orden de la mitad de la actual.
Un sistema diseñado para la actual realidad demográfica, con 60 universidades y toda la infraestructura, plantas académicas y estructuras administrativas que ello supone, no podrá permanecer igual cuando el número de jóvenes comience a caer significativamente.
Muchas instituciones, organizadas como están hoy, no serán financieramente viables. Y la solución a la crisis que se avecina no puede ser el aumento de los aportes provenientes del Estado, por dos motivos: porque no hay ninguna razón para pensar que los recursos que han sido siempre escasos vayan a abundar en el futuro y, sobre todo, porque sabemos bien que es necesario enfatizar su asignación en la educación preescolar y escolar. Un país con más de 170.000 jóvenes que están fuera del sistema escolar, y con los lamentables resultados en la prueba PISA que ya conocemos, no puede hacer otra cosa.
Para abordar la crisis que se acerca, hay acciones que pueden tomar las instituciones y otras que requieren la visión y la decisión del legislador.
Las universidades gastan cada vez más en burocracia, necesaria para cumplir con un número creciente de regulaciones que no agregan nada a su quehacer académico, que es lo esencial. Para aliviar esa carga, se requieren cambios regulatorios, teniendo claro que no hay una solución simple para un desafío tan complejo.
Es razonable suponer que las instituciones orientarán sus esfuerzos a otros segmentos etarios y eso proveerá algunos ingresos adicionales. Pero no es razonable suponer que serán suficientes, porque, a diferencia de lo que ocurre con la formación de pregrado, en este mercado se compite con instituciones de todo el planeta y su oferta online. Además de lo anterior, no es posible anticipar el nivel de disrupción que la inteligencia artificial traerá y cómo afectará sus ingresos y márgenes.
Lo único bueno de este problema es que no es necesario proceder a racionalizar drásticamente hoy las instituciones. Todavía quedan algunos años. Sin embargo, el país debe tener desde ya una hoja de ruta bien pensada, que permita ajustarnos en el tiempo a la realidad que se avecina inexorablemente.
Y aquí tenemos una enorme ventaja: sabemos qué es lo que viene. La crisis demográfica no es un terremoto. Es más parecida a un huracán que podemos observar a gran distancia y cuya trayectoria conocemos con años de anticipación. Precisamente por eso no deberíamos esperar a que algunas universidades entren en crisis financieras para recién preguntarnos qué hacer.
Nuestro sistema regulatorio está mucho más preparado para intervenir una institución en crisis y administrar su cierre que para facilitar su transformación antes de llegar a ese punto. Y sabemos, por experiencia, que el cierre de una universidad puede ser una larga agonía, especialmente dolorosa para sus estudiantes.
Necesitamos comenzar a construir un sistema mucho más flexible ahora. Flexibilidad, por ejemplo, para que existan universidades cuyo proyecto educativo sea solo docencia, sin que eso sea castigado por los sistemas de acreditación. Más aún, ¿por qué no facilitar que dos universidades puedan fusionarse? ¿Que compartan determinadas estructuras administrativas? ¿Que desarrollen programas conjuntamente? ¿Que una institución pueda integrarse con otra antes de llegar a una situación crítica? Todo ello, naturalmente, resguardando la calidad, la continuidad de estudios y los derechos de los alumnos.
No sabemos cuántas universidades necesitará Chile en 20 años. Tampoco corresponde que alguien decida hoy cuáles deberán permanecer. Eso dependerá de la calidad de sus proyectos y, finalmente, de las decisiones de los estudiantes y sus familias.
Lo que sí sabemos es que habrá muchos menos jóvenes y nuestro sistema educacional tendrá que adaptarse a esa nueva realidad. La demografía no la podemos cambiar por ley. Pero sí podemos cambiar las leyes para enfrentar a tiempo sus consecuencias.
El huracán viene. Esta vez, no podemos decir que no fuimos advertidos.