El fundamento ideológico de la Convención Constitucional
En momentos en que llevamos varias normas aprobadas por el pleno de la Convención y que formarían parte de la nueva Constitución, conviene preguntarse cómo la historia registrará el origen de las normas que la integren.
En este sentido, seguramente se reconocerá el origen “inmediato” de la Constitución en el estallido social de octubre de 2019, aun cuando sabemos que los anhelos por cambiar el pacto fundamental de la convivencia se remontan al programa de gobierno de la ex Presidenta Michelle Bachelet y al proceso de participación ciudadana que antecedió su proyecto de reforma constitucional, presentado al Congreso en los días previos al fin de su período. A ello se unen las críticas por la ilegitimidad de origen de la Carta vigente, pese a que, a través de sucesivas reformas en los diversos gobiernos democráticos, llegó a distar mucho del texto original.
Sin perjuicio de este origen “inmediato” del proceso constituyente chileno, el debate en la Convención Constitucional ha puesto en evidencia otro origen “mediato” de claros contornos ideológicos. Cuando usamos este apelativo estamos aludiendo a la imposición de una determinada mirada de la realidad que, partiendo de aspectos parciales, pretende explicarla en su totalidad, lo que la transforma en una verdad absoluta.
La influencia ideológica a que nos referimos es doble: por un lado, hemos sido presa del populismo y, por el otro, nos hemos convertido en un “conejillo de indias” del denominado “Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano” (NCLA).
En lo que se refiere al populismo, una de sus características es que, siguiendo el pensamiento de Ernesto Laclau, trata al “pueblo” como una noción vacía de contenido. Lo único que queda claro es que el pueblo se opone a la élite que es la que, tradicionalmente, ha monopolizado el poder en la política, la economía y los medios de comunicación. La noción de pueblo se estructura, así, como la que representa a la gente común y, particularmente, a quienes, objetiva o subjetivamente, han sido excluidos del poder en razón de su estatus socio-cultural y socio-económico.
Quienes han estudiado el populismo, en su vertiente constitucional, señalan que la aplicación de este marco ideológico siempre va acompañada de la deconstrucción del orden constitucional existente que se asocia a la élite corrupta. Ello coincide con varias de las normas aprobadas por la Convención Constitucional: la que reemplaza nuestro modelo de Estado unitario por uno regional, plurinacional e intercultural; la que crea un sistema de justicia donde los tribunales establecidos por la ley estarían al mismo nivel que la justicia indígena y el acuerdo “transversal” que tiende a consolidar la existencia de una Cámara de Diputados plurinacional reemplazando el Senado por un Consejo Territorial que no es realmente una segunda cámara.
El Nuevo Constitucionalismo Latinoamericano, por su parte, ya ha sido aplicado en los procesos constituyentes de Ecuador y de Bolivia. Conforme a la tesis de Boaventura de Sousa Santos, que fue invitado a la Convención Constitucional, postula que la Constitución tiene que ser un instrumento transformador de realidades. No es sólo el marco fundamental de la convivencia y la norma jurídica de superior jerarquía. A la Constitución se le atribuye un rol decisivo en la superación del modelo de Estado patriarcal, colonialista y capitalista que ha profundizado las desigualdades estructurales de nuestras sociedades y ahogado, a la vez, a aquellas culturas ancestrales existentes en nuestros territorios antes de la conquista española.
De aquí surgen nociones como el “pluralismo jurídico” y el intento persistente de posicionar a los representantes de los pueblos originarios en cada una de las estructuras del Estado, independientemente de su porcentaje respecto del resto de la población.
Lo peor que le puede pasar a Chile es convencernos de que nuestro proceso constituyente es original cuando hemos pasado a ser un experimento de laboratorio de claras influencias ideológicas.