El bicentenario de Tapihue
Este año se cumplió el bicentenario del Tratado de Tapihue, el primer parlamento entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, creado para buscar la paz y definir el tipo de relaciones fronterizas que se tendrían. Sin embargo, dos siglos después, las tensiones y obstáculos en esta relación no solo persisten, sino que se han complejizado en el tiempo. Esta conmemoración, que lamentablemente no ha suscitado el espacio de reflexión que debería, nos invita a pensar sobre la forma en que hemos administrado el mal llamado conflicto indígena.
Desde el retorno a la democracia en 1990, cada gobierno ha intentado abordar la relación del Estado con el pueblo mapuche, principalmente a través de diferentes comisiones presidenciales. Estas instancias gubernamentales, aunque bien intencionadas y con integrantes de renombre, han compartido una serie de patrones problemáticos: una marcada priorización de diagnósticos por sobre la implementación de soluciones, una desconexión de las realidades territoriales indígenas y una preocupante falta de continuidad entre cada administración.
En la actualidad, la “política indígena” pareciera consumarse en el olvido. El trauma del primer proceso constitucional ayudó a reafirmar el rechazo hacia medidas de reparación por la intransigencia de algunos dirigentes; lo mismo sucedió debido a la beatificación del Gobierno hacia algunas de las organizaciones radicales. Sin embargo, estos sucesos también han sido funcionales para reproducir la inacción de nuestra clase política. Poco se habla de implementar propuestas para generar espacios de diálogo entre el Estado y comunidades mapuche; discutir mecanismos para hacer más efectiva la reparación de víctimas; crear iniciativas para fortalecer las empresas indígenas; diseñar una estrategia en seguridad más allá de eternizar los estados de excepción; destrabar los problemas asociados a la ley lafkenche, mejorar mecanismos como la consulta indígena o fortalecer la Unidad de Asuntos Indígenas. Se creó una nueva Comisión Presidencial y sin más, la motivación del Estado en materia indígena se esfumó. Le encargaron la administración del conflicto a comisionados part time, quienes, con buena fe y recursos limitados, harán públicas sus propuestas en abril.
Los 200 años de Tapihue no deben quedar como un mero hito histórico, sino convertirse en un punto de inflexión que marque el inicio de una política coherente en nuestro país. La relación entre el Estado y la sociedad mapuche merece más que diagnósticos y buenas intenciones: requiere voluntad política real y acciones concretas que honren el espíritu de diálogo que hace dos siglos se plasmó en este parlamento. Solo así podremos transformar esta conmemoración en una verdadera oportunidad para la construcción de un futuro compartido.
