Educación y cordura
El directivo también aborda el trato que tendrán las universidades tradicionales de aprobarse la reforma a la educación superior, y postula que «se dejó pasar la oportunidad de eliminar» el Consejo de Rectores.
Comenzamos un nuevo año electoral, que probablemente -como ya es tradición-, estará más centrado en la discusión de candidaturas y programas de Gobierno, que en la acción y las prioridades de La Moneda.
Sin embargo, como es lógico, veremos también los últimos intentos de la Presidenta Michelle Bachelet por dejar un legado, a pesar de las críticas y divisiones internas que han generado sus reformas estructurales, incluso dentro de su propio conglomerado, así como su capacidad de liderazgo, que ha sido nuevamente puesta en entre dicho con motivo de las últimas emergencias.
En este escenario, en su primera aparición pública tras volver de sus vacaciones, la Presidenta no dudó en dejar claro que su prioridad para este año será la educación, retomando las reformas que actualmente se discuten en el Congreso y que modifican sustancialmente la educación superior y escolar.
Sin duda, y como lo hemos dicho en múltiples ocasiones, la educación debe ser una preocupación constante para cualquier Gobierno siempre y cuando apunte a mejorar los aspectos débiles del sistema, se enfoque en los problemas reales y no en caprichos ideológicos, pero sobre todo que mire al futuro y no se entrampe en discusiones del pasado.
Por lo tanto, “el año de la educación” no debería estar marcado por la profundización de reformas cuyo objetivo aún es dudoso y que aún no logran una postura de consenso ni siquiera en la Nueva Mayoría, porque no aumenta la calidad.
Por el contrario, en un año como éste, donde probablemente oiremos diversos planteamientos sobre el tipo de sociedad y país que queremos, esperábamos una postura más serena y menos precipitada en la discusión de proyectos que pueden dañar irreparablemente el sistema de educación en Chile.
En educación superior, La Moneda confirma para este año el énfasis en un profundo control estatal, limitando la autonomía de los proyectos educativos y la libertad de las personas para elegir la institución de su preferencia.
Más aún, la gratuidad que aspira a ser universal, ha probado ser una mala política pública, que ha empobrecido a las instituciones que han adherido a ella, impactando negativamente a sus alumnos y cuerpo académico.
Adicionalmente, a través de ella se reducen considerablemente las oportunidades de los estudiantes, porque tendrán menos instituciones para elegir y las disponibles se diferenciarán poco entre sí, al estar sometidas a la tutela del Estado y al deber de cumplir sus exigencias. En resumen, disminuye la diversidad y aumenta la segregación.
Somos muchos los que para este último año de Gobierno hacemos un llamado a la cordura y a no cometer más errores o profundizar en ellos.
Cambiemos el foco y vislumbremos una última oportunidad para debatir en serio, escuchando diversas voces y opiniones, con el objetivo de no seguir hipotecando el futuro de nuestros estudiantes.