Educación superior: temas pendientes
Es necesario terminar gradualmente con el financiamiento a la oferta o al menos se debe exigir que se rindan cuentas por éste.
Las conclusiones y propuestas de la Comisión de Financiamiento Estudiantil para la Educación Superior han generado un profundo debate sobre los desafíos que tiene nuestro país para generar más y mejor capital humano. El diagnóstico y propuestas están bien orientados hacia una mayor eficiencia y equidad, y despejan varios mitos, muchos de ellos instalados durante el movimiento estudiantil del año pasado.
Si bien estas propuestas son valiosas, el gobierno debe enfrentar otros desafíos del sistema de financiamiento de educación superior aún más complejos: el financiamiento estatal de la educación superior, las responsabilidades que tienen las universidades estatales, el rol que juegan las universidades privadas “tradicionales” y las de más reciente creación, entre otros.
Actualmente, y a pesar de las grandes diferencias de las 25 instituciones que se agrupan en el Cruch (grado de complejidad, excelencia académica, nivel de investigación, etc.) todas ellas reciben cuantiosos recursos del Estado. Algunos de esos recursos les son entregados por el sólo hecho de haber sido creadas con anterioridad a las reformas que hicieron posible la entrada de nuevos actores al sector, como es el caso del Aporte Fiscal Directo (AFD) o que se asignan en forma discriminatoria sólo a planteles estatales y que representan en promedio más de un 10% del total de sus ingresos. Más aún, el porcentaje de financiamiento por parte del Estado (incluyendo los diferentes tipos de fondos fiscales) sobre el total de ingresos, varía entre un 7% y 48% de sus ingresos anuales, además de otras transferencias de organismos del sector público. Lo anterior se complementa con recursos que se entregan en forma competitiva a través de fondos concursables o mediante el Aporte Fiscal Indirecto, y de manera abierta a todas las instituciones del sistema (incluidos los CFT e IP) y que también requieren una profunda revisión.
Aunque en teoría el Estado debe financiar los bienes públicos que produce cualquier tipo de institución de educación superior (investigación y cultura), en la práctica se privilegia a las instituciones que son parte del Cruch. Dado la diversidad de los establecimientos del Cruch, no es posible afirmar que todas ellas produzcan bienes públicos de calidad y mucho menos que sean eficientes en dicha labor. Es posible detectar universidades que con un bajo AFD por alumno alcanzan niveles de productividad bastante más altos que el promedio del Cruch, mientras que otras que reciben mayor cantidad de recursos presentan niveles muy por debajo del promedio. No es aventurado pensar que el AFD permite mantener vigente a universidades que de otro modo hubiesen desaparecido.
En definitiva, la asignación de recursos para la educación superior requiere una mirada estratégica y de largo plazo. Es necesario terminar gradualmente con el financiamiento a la oferta, o al menos se debe exigir que se rindan cuentas por éste, de tal manera que una parte cada vez más importante del financiamiento esté asociado a indicadores de desempeño. Eso mejoraría el desempeño del sistema en términos de eficiencia y permitiría que los incentivos de la competencia tuvieran mayor efecto.