Mucho se ha discutido respecto de la necesidad de tener una visión de largo plazo en materia de infraestructura para el desarrollo del país. Con ese objetivo, diversos gobiernos llevan a cabo planes de inversión que incluyen puertos, carreteras, hospitales, viviendas, aeropuertos, etc. Así, plantean una carta de navegación para el Chile del futuro. En forma paralela, se suele proponer la actualización de la institucionalidad existente, con el fin de dar mayor soporte técnico y político a los nuevos desafíos.
Sin embargo, las buenas intenciones en materia de planificación y de modernización institucional para la inversión pública no siempre arrojan los resultados esperados.
Ocurre que el problema no es de visión de largo plazo, sino de incentivos. Todos queremos legar un país productivo, moderno y desarrollado a las generaciones venideras, y quizás estaríamos dispuestos a sacrificar parte de nuestro bienestar actual para lograr ese objetivo, pero el ámbito institucional en el cual se toman las decisiones de gasto e inversión pública es mucho más contingente.
La Ley de Presupuestos que se tramita todos los años en el Congreso Nacional establece el nivel de gasto e inversión pública para el año siguiente.
Así, compiten por igual proyectos con beneficios sociales inmediatos, con aquellos que requieren varios años de inversión para entregar beneficios futuros, independientemente del momento óptimo de inversión de acuerdo al sistema de evaluación social.
Y frente a una situación de recursos escasos, los incentivos parlamentarios y del gobierno tienden a alinearse con las necesidades sociales más urgentes, lo cual se magnifica al tener períodos electorales tan seguidos.
El Ministerio de Hacienda, por su parte, tiene sus principales incentivos puestos en no exceder un gasto total que altere los equilibrios fiscales, lo cual es razonable y bueno.
Con todo esto, ¿en qué parte de la institucionalidad presupuestaria está la planificación de la inversión? Pese a que durante la tramitación de la Ley de Presupuestos se registran los compromisos de inversión y gasto que ocuparán espacio presupuestario futuro.
El Presupuesto no incorpora institucionalmente un concepto de inversión plurianual.
En países desarrollados el Presupuesto tiene componentes plurianuales, justamente para generar los incentivos correctos para la generación de proyectos de inversión pública. La regla de Balance Estructural que aplicamos en Chile sería compatible con un encaje de inversión asociado a la Ley de Presupuestos, con el fin de promover carteras de proyectos de mediano y largo plazo, dejando siempre el necesario espacio de flexibilidad presupuestaria.
Así, la misma regla de Balance Estructural tendría un horizonte de planificación mayor y una institucionalidad más robusta.