Desafíos del nuevo ministerio
La puesta en marcha del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación inicia una nueva etapa en la arquitectura institucional del sector. Atrás quedan las discusiones a partir de las propuestas que emanaron de las comisiones presidenciales convocadas durante los dos anteriores gobiernos, y ahora lo que corresponde es armar el nuevo andamiaje a partir de los planos finalmente aprobados. Elaborar los múltiples reglamentos que surgen del nuevo cuerpo legal será una ardua tarea, pero el desafío va mucho más allá de esto. Lo más difícil va a ser lograr una articulación eficaz entre las distintas entidades públicas que participan en este ámbito, así como el establecimiento de mejores puentes con el mundo productivo. Un desarrollo científico conectado con las necesidades del país será de vital importancia para una mejor inserción de Chile en la nueva economía del conocimiento, y este nuevo ministerio debe orientarse con ese propósito. Y no todo pasa por más recursos públicos.
La comunidad científica ha reaccionado con entusiasmo ante este ministerio de CTI, considerándolo un largo anhelo finalmente concretado –lograr que la ciencia tenga un espacio propio en las más altas instancias políticas-, como también han sido positivas las opiniones respecto de las personas designadas para ocupar los cargos de ministro y subsecretaria. La trayectoria que pueden exhibir Andrés Couve y Carolina Torrealba, junto a sus credenciales académicas, no ha sido puesta en duda, y se destaca favorablemente su procedencia del mundo científico.
Sin embargo, lo que debe quedar claro desde un comienzo es que este nuevo ministerio es “para la ciencia”, y no “para los científicos”. En simple, no se trata de una nueva institucionalidad concebida para presionar y negociar una mayor porción del presupuesto fiscal hacia actividades de CTI, que se traduzca en más fondos públicos para la investigación científica y proyectos de desarrollo tecnológico, sino que de una instancia orientada a dos fines muy específicos. Primero, articular de mejor forma los esfuerzos que el Estado realiza en esta materia, a través de instituciones que están dispersas en muy diversas reparticiones; y, segundo, coordinarse de una mejor forma con el sector productivo para potenciar actividades y apalancar recursos que contribuyan a que en Chile se desarrolle más y mejor ciencia, como insumo necesario para resolver problemas concretos y para abordar desafíos-país en áreas críticas. Y esto abarca ámbitos tan distintos como, por ejemplo, la inserción de capital humano avanzado en las empresas; como la participación en consorcios tecnológicos y centros de excelencia en asociación con universidades para desarrollar proyectos específicos; y como la generación de nuevas patentes que se traduzcan finalmente en innovaciones a través de nuevos productos o procesos, entre otros.
No cabe duda de que detrás de los desafíos planteados hay una contrapartida en cuanto a compromiso de recursos en actividades de CTI que no se puede soslayar, y en este sentido el punto de comparación de mayor uso, referido a la proporción del PIB que el país destina a actividades de I+D, muestra que Chile está en una situación desmejorada respecto de otras economías emergentes y de los otros miembros de la OCDE (0,37% en Chile vs. 2,4% promedio OCDE). Lo que no se dice con igual fuerza es que, en esos mismos países con los que usualmente nos comparamos, la proporción que proviene desde el sector privado es mucho más elevada también (2/3 vs. 1/3, aproximadamente). Por tanto, habida consideración de la escasez de recursos fiscales -ante otros usos ya comprometidos o considerados más prioritarios-, el nuevo ministerio no debe centrar su esfuerzo en “conseguir” fondos públicos adicionales, sino que el foco debe estar en lograr apalancar un mayor volumen de recursos privados.
