I. Concepto
Los derechos fundamentales son esencialmente libertades que el Estado reconoce a todas las personas y que posibilitan el desarrollo personal de los habitantes del país, ya que protegen a la persona frente a situaciones que puedan afectar dichas libertades.

II. Reconocimiento constitucional en Chile
En nuestra Constitución actual existe un amplio catálogo de derechos fundamentales que protegen distintas esferas de libertad humana. Por ejemplo, la Constitución protege la vida de las personas, su integridad física y psíquica, vida privada, libertad de expresión, propiedad, etc. También garantiza ciertos derechos que reciben el nombre de derechos sociales, como el derecho a la educación o el derecho a la salud, que se orientan a asegurar las condiciones esenciales para el desarrollo de las personas.

III. Fundamento
Los derechos fundamentales emanan de la dignidad del ser humano y son una consecuencia de cómo entendemos actualmente la relación entre persona y Estado. En otros tiempos (e incluso actualmente en algunos países del mundo) se ha entendido que lo central es el Estado y que la persona es un mero fragmento subordinado a sus finalidades, llegando incluso a ser sacrificada para su consecución.  En Chile, en cambio, entendemos hoy por hoy que la persona humana es lo que hace posible la existencia del Estado, ya que, sin nosotros, éste carecería absolutamente de sentido. El Estado y su poder existen gracias a las personas y, es por ello, que se encuentra subordinado a ellas, debiendo respetarlas y actuar en su beneficio.

IV. Importancia de los derechos fundamentales
La principal consecuencia de esta comprensión del Estado es que éste debe abstenerse de vulnerar nuestros derechos fundamentales arbitrariamente. Por ejemplo, el Estado no puede matarnos, entrometerse en nuestra vida o privarnos de libertad o bienes.

Lo anterior no implica que el Estado no pueda restringir nuestra libertad, pero para hacerlo, debe actuar a través de una ley y se encuentra obligado a entregar razones de peso.

En Chile encontramos un sinnúmero de medidas estatales que coordinan y a la vez restringen nuestra libertad. Por ejemplo, el Código Penal restringe considerablemente nuestras libertades; nos prohíbe matar, lesionar, violar, hurtar, etc. Pero detrás de todas esas prohibiciones, existen muy buenas razones. Así, por ejemplo, la prohibición de matar a otro se justifica, porque, de lo contrario, la vida misma (mucho menos una convivencia pacífica) no sería posible. Si bien esta prohibición restringe la libertad de todos, a la vez beneficia a todos – incluso al homicida, al cual, pese a haber matado a alguien, no se le puede matar – ya que garantiza la base mínima de una convivencia pacífica.

Adicionalmente, los derechos fundamentales obligan al Estado a crear y asegurar las condiciones que garanticen el goce efectivo de estos derechos. En consecuencia, el Estado tiene un deber de velar por la libertad de las personas, su seguridad, salud y educación, entre otros.