Defensa jurídica
Señor Director:
Un interesante recurso de protección se está conociendo por la Corte de Apelaciones de Arica (Rol 458-21), en el cual se denuncia por una persona migrante que ha sido objeto de un decreto de expulsión, que no habría recibido ayuda para defender sus derechos cuando solicitó asesoría a la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) de Tarapacá.
De comprobarse la efectividad de esta situación, llama profundamente la atención que un organismo público, encargado de ofrecer asesoría jurídica a todas las personas del país cuando ellos no puedan procurársela por sí mismos (art. 19 N°3 CPR), renuncie a su mandato constitucional legal para dejar en la indefensión a una persona en situación de vulnerabilidad.
La nueva Ley de Migración establece un mandato expreso para que las CAJ tengan la obligación de revisar decretos de expulsión y defender judicialmente a migrantes que quieran reclamar contra ellos. Sin embargo, dicha ley aún no es operativa pues depende que se emita un reglamento que aún no se ha dictado.
Es fundamental que se entienda la importancia de la participación de la CAJ en estas materias, puesto que sólo de esa manera se garantiza un debido proceso y el respeto al derecho a la adecuada asistencia jurídica de personas desvalidas que, inclusive, podrían desconocer los derechos que detentan frente a un decreto de expulsión.