Causas del bajo crecimiento
En entrevista concedida a este diario, el ministro secretario general de la Presidencia, Nicolás Eyzaguirre, ha señalado que, en su opinión, en el fenómeno del bajo crecimiento económico por el que hoy atraviesa la economía chilena hay una causa coyuntural y una causa estructural: la primera sería la desaceleración de los commodities que se viene produciendo a nivel mundial desde hace algunos años, y la segunda obedecería a un estancamiento de la actual fase exportadora -muy concentrada en recursos naturales-, lo cual haría necesario pasar a una nueva etapa, donde haya mayor espacio para la incorporación de valor a nuestra matriz exportadora a través del capital humano, la ciencia y la innovación. En opinión del ministro, «el problema estructural no tiene que ver con las reformas laborales ni con la tributaria… (siendo necesario) preocuparse de los problemas de competitividad».
Nadie podría seriamente discutir el argumento de que hay elementos de la economía internacional que han impactado negativamente el desenvolvimiento económico de nuestro país en los últimos años -como lo ha sido el cambio de ciclo en la industria minera mundial-, pero tampoco nadie podría objetivamente desconocer que las reformas han generado un ambiente de incertidumbre, que se ha manifestado en la postergación de decisiones de inversión en algunos casos, y tal vez en la no realización de los proyectos en otros.
La trayectoria declinante que ha venido exhibiendo la formación bruta de capital va mucho más allá del fenómeno puntual de la minería. Por tanto, las declaraciones del ministro Eyzaguirre haciendo mención a fenómenos externos coyunturales y a problemas estructurales de largo plazo, desestimando que las reformas estén teniendo algún efecto negativo, son preocupantes, ya que revelan una visión parcial del problema. De hecho, la necesidad de preocuparse de los problemas de competitividad que él menciona pasa por evaluar el grado en que las reformas la están afectando, y sobre ello no se advierte ninguna capacidad de autocrítica. En circunstancias de que el Gobierno inicia el último año de su mandato con una economía empantanada, cubierta por un manto de incertidumbre, lo que cabría esperar son decisiones gubernamentales que contribuyan a despejar el horizonte, corrigiendo lo que haya que corregir, y dando señales claras de un nuevo rumbo.
Es comprensible la preocupación por los problemas estructurales que señala el ex ministro de Hacienda, relacionados con la necesidad de lograr mejoras en la competitividad que deriven en una mayor productividad, como requisito fundamental para poder aumentar la tasa de crecimiento potencial de la economía chilena. Punto de partida para eso, como se señaló, es evaluar el grado en que las reformas están afectando este crecimiento potencial.
No obstante ello, el problema central de hoy es anterior a ese, y dice relación con el hecho de que el crecimiento efectivo está siendo incluso muy inferior al potencial y al de tendencia, los que a su vez ya han venido decreciendo en los últimos años. Y no se puede soslayar que hay factores de orden interno que están teniendo una incidencia importante, por la incertidumbre que han generado, sin perjuicio de que haya reformas que estén recién haciendo ver sus efectos. Si algo caracteriza las decisiones económicas es que estas se adoptan en función de las expectativas que genera un determinado cuadro, sin necesidad de tener que esperarse el cumplimiento de ciertos hitos del calendario. Desde esta perspectiva, tanto las reformas tributaria y laboral, así como otras decisiones de política pendientes, están generando un cuadro poco propicio para las inversiones.
Al negar la existencia de estos problemas, declaraciones como las del ministro Eyzaguirre no hacen sino mantener la incertidumbre que hoy tiene a la economía chilena en un pantano. No cabe duda de que Chile necesita avanzar hacia una matriz productiva y una canasta exportadora que agregue más valor a los recursos que el país tiene, pero ello debe ser la consecuencia natural de un proceso que contenga los incentivos adecuados para emprender e innovar, y no el resultado de un acto voluntarista que no se pueda sostener sobre bases sólidas.
