Boric, Marcel y Robin Hood
Con una popularidad de 29%, la reforma tributaria del Presidente Gabriel Boric propone recaudar 4 puntos del PIB en cuatro años (unos 12.000 millones de dólares), a través de impuestos que se aplicarán a los «súper ricos» para promover «la igualdad y la justicia social». Es lo que el ministro de Hacienda, Mario Marcel, llama la reforma «Robin Hood», en relación con el arquero medieval inglés, defensor de los «pobres y oprimidos» frente a los «poderosos». Sin embargo, el proyecto se basa en un error intelectual que, de aprobarse como ley, constituiría un freno a la acumulación de capital y la productividad, dos elementos clave para el crecimiento y el desarrollo económico.
La teoría económica explica que es un error teórico pensar que el crecimiento (es decir, una mayor producción respaldada por aumentos en el nivel de ahorro e inversión) y el desarrollo económico (es decir, la ampliación de soluciones a los problemas humanos) pueden sostenerse impulsados por los riesgos de confiscación. Los riesgos de confiscación implican la posibilidad de que las personas sean privadas de su propiedad, por ejemplo, tasas de impuestos expropiatorias. La curva de Laffer enseña que aumentar los impuestos más allá de lo razonable tiende a penalizar la participación de nuevos actores en las actividades gravadas, inhibiendo el ahorro y la inversión, reduciendo la recaudación fiscal y promoviendo estructuras monopólicas a nivel privado y estatal. El principio fundamental es que los mayores riesgos de confiscación reducen la acumulación de ahorros e inversiones y, en consecuencia, obstaculizan el crecimiento y el desarrollo económico.
La reforma «Robin Hood» tiene dos ejes principales que aumentan los riesgos de confiscación, dificultando la acumulación de capital (i.e., ahorro e inversión) y la productividad (i.e., aumento de los salarios de los trabajadores). Primero, el impuesto específico a la actividad minera (IEAM), que grava las utilidades del cobre hasta en 24%, aumentaría a 63,8% (¡una tasa efectiva total de 73,6% si se considera el impuesto a la renta de 27%!), asegurando que la inversión en cobre caerá. Segundo, la propuesta discrimina y castiga a las personas de ingresos mensuales superiores a $4 millones, desintegrando los impuestos pagados por las empresas y rentas del capital (¡los empresarios y accionistas pagarán impuestos dos veces!), además de un impuesto a la riqueza de 1% y 1,8% del patrimonio, con tasas efectivas totales que pueden llegar al 50% de las rentas imponibles. Nueve de los 12 países de la OCDE que tenían un impuesto a la riqueza lo eliminaron porque provoca desinversión y salida de capitales, especialmente en tiempos de recesión económica.
En el libro «¿El 99% contra el 1%?» (2022), Mariana Heredia, socióloga argentina, argumenta que los políticos y demagogos en América Latina tienen una obsesión con confiscar a los ricos para obtener réditos electorales y cuotas de poder. Es la artimaña marxista de la lucha de clases alimentada por académicos como Thomas Piketty, Mariana Mazzucato o Ha-Joon Chang, con la idea del 1% más rico, cuya riqueza es una «torta dada» que debe redistribuirse entre el 99% restante. Además de omitir que la ausencia de derechos de propiedad privada seguros imposibilita la creación de la «torta» (que nunca está dada), los promotores del verso de la redistribución obligatoria de la riqueza con criterios solidarios caen en un dilema moral. El término «solidaridad» es un «apoyo voluntario» a las «causas o intereses de los demás, especialmente en situaciones comprometidas o difíciles».
La solidaridad se desvirtúa con la idea de que el gobierno debe confiscar los ingresos de los particulares para hacer «caridad con el bolsillo ajeno». La realidad latinoamericana es el resultado de esta mentalidad anti-capitalista: una sociedad pobre, jerarquizada y dependiente del poder político.
Contrariamente a las políticas confiscatorias que frenan el crecimiento económico y el desarrollo con el verso de la igualdad y la justicia social, Heredia plantea que «reconstruir la igualdad significa fortalecer las instituciones que permitan no solo la distribución, sino también la integración». En este sentido, el proyecto de Boric y Marcel es más conflictivo que inclusivo, ya que apunta a la confiscación, discriminación y castigo de los trabajadores y emprendedores nacionales y extranjeros, en lugar de simplemente la integración de los pobres en el sector más moderno.
El ministro Marcel dijo que la reforma «responde a la idea de un pacto fiscal que (…) le dé más justicia al sistema de impuestos». Más allá de los problemas teóricos y morales de la política de confiscación, la leyenda de Robin Hood cuenta la historia de un defensor de los oprimidos frente a un gobierno omnipotente que utiliza la fuerza pública para apoderarse ilegalmente de las riquezas de quienes se le oponen.