Atajo electoral y Estado de Derecho
Si hay algo que es inaceptable en una democracia sana y transparente, es pretender cambiar las reglas del juego de forma torcida y oportunista a pocos meses de una elección.
Y eso es exactamente lo que estamos observando en estos días. El Servel solicitó que la elección municipal y regional se efectuara en dos días en vez de uno, y la coalición gobernante aprovechó la instancia para intentar pasar gato por liebre, modificando las reglas electorales para su beneficio. Este hecho, que constituye un hito de la mayor gravedad, no pareciera estar generando en la opinión pública —y tampoco en la oposición— una reacción a la altura del efecto que esto puede tener en el Estado de Derecho.
Luego de una década de voto voluntario, el sistema político chileno acordó durante el proceso constituyente modificar la institucionalidad y definir que el voto en Chile será obligatorio. Tanto el voto voluntario como el voto obligatorio son opciones legítimas en una democracia. Pero una vez adoptado un camino, no es legítimo modificarlo de forma torcida, de forma indirecta, y a pocos meses del acto electoral.
No es aceptable que el oficialismo dejara sin sanción el incumplimiento de la obligación de concurrir a votar. Pero tampoco que el gobierno permita un trato desigual a chilenos y extranjeros, estableciendo que solo debe existir sanción para los nacionales que incumplan con su obligación de votar, y no así para los extranjeros con derecho a voto.
Las modificaciones ad hoc de las reglas electorales a última hora traen a la memoria muy malos recuerdos, que creo no queremos para Chile. Nuestro continente ha dado espectáculos lamentables a través de este mecanismo. Exclusión del proceso de candidatos legítimos; autorización para competir a quienes no les correspondía; decisiones de tribunales electorales alejados del mérito del asunto y funcionales al gobierno, entre otras, han sido ejemplos de decisiones que han erosionado la democracia desde su interior.
Después de solo un par de elecciones con voto obligatorio, las convicciones del Gobierno y sus partidarios flaquearon. Ahora parece que quieren voto voluntario, o, a falta de su primera preferencia, al menos voto voluntario para los extranjeros con derecho a voto.
Tanto el argumento de los parlamentarios como el del Ejecutivo no tienen un fondo constitucional ni jurídico relevante. El argumento real es político y electoral: son dos medidas deliberadas y diseñadas para tener reglas electorales que esperan favorezcan a su sector de cara a las elecciones de octubre. No es eso lo que han dicho, pero eso es lo que han hecho.
Cuidar las democracias es muy difícil, y deteriorarlas es muy fácil. Hemos aprendido a lo largo de los años que las democracias progresan cuando promueven instituciones políticas y económicas inclusivas, mientras que se erosionan cuando las instituciones políticas y económicas son extractivas, es decir, se diseñan y adaptan en beneficio de quienes están en el ejercicio del poder. Hay señales suficientes de que el cambio de reglas electorales, en la forma y el momento en que se está haciendo, se acerca peligrosamente a la idea de instituciones políticas extractivas que deterioran la institucionalidad y la democracia.
El Estado de Derecho y la igualdad ante la ley son los pilares fundamentales de una sociedad libre, justa y democrática. El cambio de reglas electorales en el momento y en la forma que estamos observando en estos días constituye un hecho de la mayor gravedad que debe hacer reflexionar tanto a los líderes políticos como a la ciudadanía en general.