Alta Dirección Pública: el debate está abierto, y la respuesta es avanzar
Hay un debate abierto sobre el Sistema de Alta Dirección Pública (SADP). El Presidente Kast anunció una Comisión de Expertos para proponer una nueva arquitectura del Estado, señalando que el SADP no responde con la agilidad que el país necesita. El director del Servicio Civil propuso extender las llamadas balas de plata —que hoy permiten al Presidente nombrar directamente 12 cargos de primer nivel sin concurso— a 130 o más. El debate es legítimo. Mi posición es clara: es necesario avanzar y profundizar la reforma.
Tres reflexiones al respecto.
1. Lo que el sistema logró y lo que no. El SADP nació en 2003 de un acuerdo político notable, donde gobierno y oposición cedieron discrecionalidad a cambio de un sistema basado en mérito. En más de dos décadas, sus resultados son elocuentes: el informe del CADP 2025 da cuenta de que el sistema provee 5.406 cargos en 453 instituciones públicas. En 2025 se efectuaron 342 convocatorias y 350 nombramientos y 13.303 personas realizaron 56.092 postulaciones con un promedio de 161 candidatos por concurso. Es uno de los activos institucionales más sólidos del Estado chileno.
Pero el sistema enfrenta problemas. Tal vez el más profundo viene después del nombramiento: el sistema ha resuelto razonablemente bien la selección, pero mucho menos la gestión posterior. Los convenios de desempeño muestran esta debilidad: algunos directivos con nombramiento vigente no los tienen suscritos, y entre quienes sí los tienen, la mayoría obtiene cumplimientos superiores al 90%. Eso habla menos de excelencia sostenida que de metas poco exigentes.
2. El problema no es el mérito: es la arquitectura de gestión. Ampliar masivamente las balas de plata sería un error. La lentitud en la instalación de los gobiernos no se debe principalmente a que los directivos ADP sean las personas equivocadas, sino a una arquitectura de gestión poco clara: autoridades que llegan con equipos propios que operan en paralelo al servicio civil, y directivos que quedan técnicamente responsables, pero políticamente laterales.
La solución no es reemplazar mérito por discrecionalidad. Es clarificar la cadena de mando y responsabilidad. Hoy el ministro define prioridades y responde públicamente; el subsecretario concentra el seguimiento sectorial; y el directivo ADP debe conducir el servicio y responder por metas. Sin embargo, los convenios de desempeño de primer nivel se suscriben con el ministro —o con el subsecretario por delegación—, lo que no siempre genera una relación clara entre quien fija prioridades, quien supervisa y quien responde por resultados. Resolver esa tensión es más urgente que multiplicar nombramientos discrecionales.
Avanzar exige también reducir la proliferación de cargos de confianza en niveles intermedios y reconocer que los directivos de alto desempeño necesitan autonomía de gestión, no solo mejor remuneración.
3. Dos preguntas que no pueden eludirse. La primera es cómo gestionar mejor: mejores directivos, mejores incentivos, mejor evaluación. La segunda, que suele omitirse, es revisar el perímetro: qué funciones deben permanecer en el sector público y cuáles pueden ser provistas con más eficiencia desde el privado, con regulación adecuada. Sin esa segunda pregunta, corremos el riesgo de perfeccionar la maquinaria sin preguntarnos si está fabricando el producto correcto.
El SADP es valioso porque resolvió un problema político relevante para Chile. Ante el debate abierto sobre su futuro, la respuesta es completar la reforma que quedó a medias, construyendo sobre lo que funciona y corrigiendo lo que no. Eso requiere más rigor en la evaluación, más claridad en la cadena de mando y más honestidad sobre qué debe y qué no debe hacer el Estado. Cambiar quién nombra a quién es lo más fácil. Lo difícil —y lo que Chile necesita— es seguir adelante con la reforma del Estado.