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UDD en la Prensa

Alimentos provisorios modificados en apelación: un vacío que exige una regla clara

María Isabel Warnier
María Isabel Warnier Profesora de Derecho Civil

Todo juicio de alimentos comienza con una decisión urgente que ordena el legislador: al proveer la demanda, el juez de familia debe fijar los alimentos provisorios, solo con los antecedentes disponibles en ese momento. Si quienes demandan son menores de edad, la ley presume que el alimentario cuenta con capacidad económica para poder solventarlos. La resolución que dicta el tribunal es apelable y, como el recurso se concede en el solo efecto devolutivo, la pensión se paga desde que se notifica al demandado, mientras la Corte de Apelaciones revisa su monto en caso de que demandante y/o demandado decidan recurrir.

El problema surge cuando la Corte modifica la cifra. Si la rebaja, ¿qué ocurre con lo que el alimentante pagó de más durante los meses que tardó el recurso? Si la aumenta, ¿se debe la diferencia desde la resolución original o solo hacia el futuro? La ley no lo dice.

El artículo 327 del Código Civil contempla la restitución de los alimentos provisorios únicamente cuando el demandado obtiene sentencia absolutoria, y aun entonces la excluye si la demanda se intentó de buena fe y con fundamento plausible. La Ley N° 14.908 regula con detalle la fijación, la oposición y los recursos, pero nada señala sobre los efectos de la decisión de alzada en las pensiones ya devengadas y pagadas. En la práctica, la respuesta queda entregada al criterio de cada tribunal al practicar la liquidación, con resultados dispares para casos idénticos.

La urgencia de resolverlo se explica por los tiempos del sistema. Aunque la ley otorga preferencia a estos recursos, entre la interposición de la apelación contra la resolución que fijó los alimentos provisorios y su conocimiento por el superior jerárquico suelen transcurrir meses. Durante todo ese lapso la pensión se devengó y se pagó, o se adeuda, conforme a un monto que luego puede resultar equivocado. Mientras más tarda la Corte, mayor es la suma en disputa: lo que en un sistema expedito sería una diferencia marginal se convierte, con la demora, en varias mensualidades pagadas de más o de menos.

A mi juicio, la solución no requiere inventar nada, pero sí una regla clara: basta aplicar las reglas generales sobre los efectos de las resoluciones judiciales. Lo obrado en virtud de una resolución apelada en el solo efecto devolutivo queda condicionado a lo que resuelva el tribunal superior. La resolución de la Corte no es una nueva decisión que rija desde su fecha, sino la que reemplaza a la de primera instancia y determina, desde el origen, cuál era el monto correcto de la pensión provisoria.

De ahí se siguen dos consecuencias simétricas. Si la Corte aumenta la pensión, el alimentante debe las diferencias desde que la pensión provisoria comenzó a regir, y ellas deben incorporarse a la liquidación como deuda. Si la rebaja, lo pagado en exceso constituye un pago anticipado, que debe imputarse a las pensiones futuras.

Se objetará que el artículo 335 del Código Civil prohíbe al deudor de alimentos oponer en compensación lo que el alimentario le deba; pero aquí no hay compensación con un crédito ajeno a la obligación alimenticia, hay imputación de pagos dentro de una misma obligación, cuyo monto fue corregido por el tribunal llamado a revisarlo. Tampoco se trata de exigir al alimentario la devolución de dineros ya consumidos, lo que pugnaría con la naturaleza asistencial de los alimentos. Por eso la regla correcta es el descuento hacia el futuro y no la restitución, y nada impide que el juez lo distribuya prudencialmente en cuotas, de modo que la rebaja mensual no comprometa la subsistencia de quien recibe la pensión.

La solución contraria conduce a resultados difíciles de justificar. Si lo pagado en exceso se pierde, la apelación del alimentante se vuelve ilusoria durante todo el tiempo que demora su vista por la Corte. Si las diferencias a favor del alimentario no se deben retroactivamente, podría ser el niño quien soporta el costo de un error que la propia Corte declaró. En ambos casos, la demora del sistema la paga quien tenía la razón y el recurso pierde su sentido.

La cuestión no es menor en un país que ha construido, con razón, un estatuto severo contra el incumplimiento alimenticio: registro de deudores, procedimientos especiales y extraordinarios de cobro con un rol activo del juez y apremios. Precisamente porque las consecuencias de una liquidación son hoy graves, su base de cálculo debe ser cierta y uniforme.

Mientras el legislador no llene el vacío, corresponde a los tribunales hacerlo con las herramientas que el ordenamiento ya ofrece. Sería deseable, con todo, que una norma expresa lo zanjara: los alimentos provisorios modificados en apelación se ajustan desde su origen, descontándose a futuro lo pagado en exceso y ordenándose el pago de lo que falte.