Ley de inclusión
La Superintendencia de Educación, organismo estatal creado en 2012 para el aseguramiento de la calidad, ha publicado una circular que prohíbe suspender a los alumnos por no tener textos, útiles o uniformes escolares, con el fin de resguardar el derecho a la educación de los jóvenes. En este contexto, los incumbentes acusan desinformación y que la normativa tiene vacíos. Lo primero que llama la atención es que el Gobierno al parecer quiere resguardar el derecho de educación de los hijos pasando por alto a los padres y al colegio. Extraña forma de hacer política pública. Jóvenes y niños serían objeto de un derecho a ser educados, pero restringiendo las medidas disciplinares asociadas a la educación. La disciplina no sería un instrumento educativo, y el contar con útiles escolares tampoco. Entonces, ¿qué es el derecho a la educación?
En el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos se señala expresamente que toda persona tiene derecho a la educación, agregando que «los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos». Con esta cláusula uno podría deducir que si bien el derecho a la educación es de la «persona» (adultos y menores), el derecho preferente a escoger la educación es de los padres y no del Estado ni de los niños. El argumento estatista se funda en subordinar el derecho de los padres a educar a sus hijos, en una relectura del derecho a no ser discriminado. Pero cabe aquí la pregunta de si es posible ejercer la educación sin textos y disciplina, y si esto constituye una efectiva forma de discriminación arbitraria, toda vez que los padres eligen educar a sus hijos bajo ese régimen. La respuesta es no. La inclusión que propone el Estado es en principio una violación a un derecho fundamental; pero, además, desde el punto de vista de las consecuencias, atenta contra la educación misma. Se está empoderando a niños con derechos a una edad que no les reconoce discernimiento ni imputabilidad penal o civil. La política educacional del Gobierno sigue en el camino de profundizar en pseudolibertades asociadas a la apariencia, quizá muy populares, en vez de inculcar las verdaderas libertades, asociadas al pensamiento crítico y al apego a las normas cívicas.