El lucro está prohibido en la educación superior chilena y la nueva ley lo establece taxativamente. Para fiscalizar su cumplimiento, se va a crear una Superintendencia de Educación Superior con amplias capacidades para supervisar y sancionar a instituciones y personas. A mi juicio, estas atribuciones son tales que pueden llegar a ser un riesgo para la autonomía de las universidades. Adicionalmente, el subsecretario de Educación acaba de reiterar que van a hacer cumplir esa ley sin concesiones de ningún tipo.
El revuelo que el fallo del Tribunal Constitucional (TC) ha producido, se explica porque actualmente en la agenda nacional hay dos temas políticos que van mucho más allá del cuestionado artículo 63 y, nuevamente, la educación superior quedó atrapada en el fuego cruzado. Uno es el rol y la composición del Tribunal Constitucional, muy cuestionados por la oposición, que se aprovecha de que el lucro es un tema muy vendedor para tratar de entusiasmar a la calle diciéndole que el TC aprobó el lucro, aún cuando todos saben que no es cierto. El segundo tema, es que los partidarios del anterior gobierno pretenden derribar la política de acuerdos propuesta por el Presidente Sebastián Piñera y quieren además echarle la culpa de ese fracaso. Por eso están poniendo, como condición para sentarse a conversar, cambiar el Tribunal Constitucional. Ninguna persona razonable puede pedir, de buena fe, cambiar la institucionalidad para resolver un tema específico, como la Ley de Educación Superior. Y es aún menos serio tratar de responsabilizar a la administración de Piñera por un fallo en el que, a todas luces, no tuvo ninguna intervención.
Lo que está realmente en juego con el artículo 63 es si una entidad con fines de lucro puede controlar o no una universidad, por ejemplo, nombrando a sus autoridades superiores y no si ésta puede lucrar con ella. Al menos de aquí para adelante, la ley es categórica respecto del tema y el Estado contará con todas las armas necesarias para hacerla cumplir. En su fallo, el Tribunal Constitucional no está diciendo qué política pública es más adecuada, porque no le corresponde. Lo que está diciendo es que nuestro Parlamento legisló mal, porque no lo hizo de acuerdo a la Constitución.
Como estaba la ley, no existía la posibilidad de que empresas globales como Microsoft, Apple o Google, por mencionar tres ejemplos, pudieran crear y controlar una universidad en Chile, para preparar profesionales en el área de la tecnología y la informática, aun cuando no puedan lucrar con ella. En mi opinión, como país no deberíamos cerrarnos a esta posibilidad. Sin embargo, es claro que esto entra en conflicto con la idea de quienes piensan que todas las universidades deben ser comunidades que se autogobiernan, donde los profesores, administrativos y alumnos tienen que elegir a los rectores. Y en eso hay una discusión de fondo, que no se ha agotado.