Calidad en Educación Superior
Cuando se habla de políticas e instrumentos para garantizar la calidad de la educación superior en Chile, la acreditación asoma como el mecanismo casi exclusivo de política pública con que cuenta la sociedad para lograr ese objetivo. Esto, sin duda, es un error y deja de lado aspectos esenciales que son significativos en el propósito de asegurar y promover la calidad del sistema.
Si revisamos los últimos 40 años de políticas públicas y resultados es muy discutible señalar que los mejoramientos más significativos son atribuibles a la acreditación. Sin duda el factor más preponderante ha sido el conjunto de políticas que se introdujeron a partir de la ley orgánica constitucional del año 1980, ya que además de la apertura a la iniciativa privada se introdujeron una serie de reformas que aumentaron crecientemente el grado de competencia y eficiencia del sistema. Esto no solo permitió aumentar la cobertura sino también añadir competencia y por lo tanto incrementar las oportunidades de elección de los estudiantes egresados de la educación secundaria.
Otras reformas que acompañaron el proceso de apertura destacan la creación de fondos concursables competitivos para financiamiento de la investigación y desarrollo institucional, el aporte fiscal indirecto todos los cuales tenían como foco la eficiencia y la calidad. Es a partir de estas reformas que en la mayoría de las instituciones del sistema se instauran modalidades o prácticas de evaluación y autorregulación que apuntan a mejorar tanto en el corto como en el largo plazo la calidad de la docencia, investigación y extensión. Los sistemas de jerarquías y evaluación académica, la aplicación sistemática de encuestas de evaluación docente, los concursos de investigación con evaluación externa, las exigencias respecto a perfeccionamiento académico, etc., son ejemplos de estas.
Hoy estamos ad portas de la aprobación de una reforma al sistema de educación superior que limita la iniciativa privada y aumenta a través de financiamiento no competitivo la protección de un conjunto de instituciones. Por otra parte, la extensión del sistema de acreditación a todas las instituciones y el aumento de estándares para la creación o mantención de una institución dentro del sistema no son medidas que garanticen el mejoramiento continuo y una preocupación permanente por la calidad.
Una verdadera preocupación por este objetivo requiere un marco o un entorno que la favorezca. En primer lugar se debe promover la competencia, permitiendo fluidamente el ingreso de nuevas instituciones y facilitando la salida del sistema cuando sea necesario. También se debe permitir que los estudiantes decidan sin restricciones, salvo los requisitos académicos de ingreso, en que institución estudiar, evitando limitar sus opciones a través de políticas públicas. En segundo lugar se deben adicionar recursos al sistema de Educación Superior y usarlos más eficientemente. Se requiere más inversión en capital humano, en infraestructura, en nuevas tecnologías, en metodologías de enseñanza, en programas remediales, etc.
Son ilusos y con total falta de competencias para la gestión aquellos que piensan que la calidad se promueve con más burocracia, control y supervisión de entidades públicas. Se requiere primero un entorno y un marco de incentivos que promueva la competencia, la superación, el querer hacer las cosas mejor. Segundo se requieren más recursos en el sistema y no menos como en la práctica ocurrirá con la política de gratuidad.
