Aunque viene de cerca la recomendación, creo no equivocarme al afirmar que ser  profesor es la profesión más importante de todas. Así lo entendieron los parlamentarios al aprobar, por unanimidad en abril de 2016, la Ley 20.903, la cual planteó nuevas exigencias a quienes entran a estudiar pedagogía y también a las instituciones que dictan la carrera.

Antes, los institutos profesionales podían conferir el título de profesor, a pesar de que algunos de ellos sólo exigían como requisito la PSU rendida. En cambio, hoy sólo pueden graduar docentes las universidades acreditadas que cumplen las nuevas reglas de admisión. Además, la acreditación ya no depende de las agencias de acreditación sino de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).

Una las reglas de admisión es que los alumnos admitidos a carreras de pedagogía deben haber obtenido como mínimo 500 puntos promedio, entre matemáticas y lenguaje en la PSU, puntaje que el año 2023 será de 550 aproximadamente.

Sin embargo, el enorme esfuerzo que toda la sociedad está haciendo por dar valor y prestigio a esta carrera se ha visto opacado por hechos lamentables.

Algunas universidades han cerrado sus carreras de pedagogía por la baja admisión y, en vez, han abierto licenciaturas (que no tienen las restricciones de entrada a las pedagogías). Luego, a los licenciados se les ofrece un programa de prosecución de estudios mediante el cual obtienen el título de profesor.

Asimismo, otras universidades reciben técnicos de educación superior provenientes de institutos profesionales, a quienes se les ofrece cursar dos años y se les entrega el título.

De esta manera se burla el espíritu de la ley, que busca garantizar un piso académico mínimo para contribuir a mejorar la calidad de nuestros docentes. Se podría argumentar que oponerse a este tipo de prácticas atenta contra la flexibilidad de los trayectos formativos, e incluso contra la movilidad social, negando a un técnico la posibilidad de convertirse en profesional y eso es cierto.

No obstante, el punto fundamental es que la formación inicial de profesores  es un eje estratégico para el desarrollo de nuestro país y esto tiene como consecuencia la necesidad de restringir el acceso a la profesión docente.

Mientras las universidades acreditadas debemos cumplir con los estándares de formación inicial de profesores, con los criterios de acreditación de la CNA y con la normativa de la Ley 20.903, otras instituciones entregan el mismo título, sin tener que cumplir con las condiciones señaladas.

Desde luego, la exigencia de los 500 puntos en la PSU no garantiza un buen docente, pero es parte de un conjunto de medidas que tienen un mismo propósito, mejorar la calidad de los profesores que atienden a nuestros niños en cada rincón de Chile.