El horror del Sename
Hace 8 meses la actual directora del Servicio Nacional de Menores (Sename) y ex fiscal, Solange Huerta, dio a conocer el resultado de un informe realizado por la institución, que arrojó una escalofriante cifra: 1.313 menores de edad muertos mientras estaban a cargo de quienes deben velar por el cuidado y protección de los niños, adolescentes y jóvenes más vulnerables de la sociedad.
Hace un par de semanas, hemos vuelto a conmovernos al escuchar en un programa de televisión al diputado René Saffirio describir los más escabrosos detalles, no solo de esas muertes, sino de las prácticas habituales en los centros del Sename, que involucran redes de prostitución, violaciones y los más diversos y aberrantes abusos. Sin duda nos preguntamos por qué 8 meses después este tema vuelve a las portadas de los diarios y por qué estos hechos siguen ocurriendo hasta hoy, sin que la justicia haya tomado medidas drásticas y definitivas para que estos hechos no vuelvan a repetirse jamás en Chile.
Con dolor hemos constatado que no se ha hecho nada y que estos niños, provenientes de sectores pobres, rodeados de delincuencia, alcoholismo y narcotráfico, que han sido despojados de su inocencia y de cualquier esperanza de una vida mejor, siguen siendo víctimas inocentes de la inoperancia del Estado y la indiferencia de la clase política. Por ello, no nos sorprende que el Gobierno haya logrado frenar la aprobación del informe de la comisión investigadora de la Cámara de Diputados para proteger a una ex ministra de Justicia, cuya «negligencia inexcusable» había quedado en evidencia.
El Sename requiere desde hace décadas un cambio de gestión y estructura, que le permita actuar de manera eficiente en su tarea de proteger a niños y adolescentes con trastornos familiares, y rehabilitar a los que han cometido delitos. Es urgente relevar este tema y darle verdadero sentido de urgencia. Se requiere intervenir el servicio, profesionalizándolo, liberándolo de operadores políticos y mejorando notablemente las políticas públicas relacionadas con la infancia, donde se producen las desigualdades y las diferencias que algunos pretenden remediar cuando ya es demasiado tarde. La evidencia internacional sugiere que por cada tres meses que un niño permanece en una institución, pierde un mes de desarrollo.
La indignación y las lamentaciones no son suficientes, pero sirve para remecer conciencias. ¿Qué haremos como sociedad y qué le exigiremos al próximo Gobierno en defensa de estos niños? Los pasos a seguir al parecer ya están medianamente consensuados: nombrar una persona con rango de ministro que no solo intervenga, sino que fiscalice con recursos, en lo inmediato el funcionamiento de los centros, formar una comisión técnica que haga propuestas en el mediano plazo, que incluya un proyecto que cambie radicalmente el funcionamiento de la institución, y que además considere su cambio de dependencia desde el Ministerio de Justicia al de Desarrollo Social.
Desde luego debemos asegurar también la rehabilitación de los jóvenes y facilitar la adopción, para que estos centros, símbolos de la indolencia de nuestra sociedad, vayan quedando poco a poco obsoletos.
Hoy son más de 8.500 los niños internados en instituciones directas del Sename u organismos colaboradores, que están ahí porque algún tribunal decidió que estarán mejor y recibirán protección y cuidado, alejándolos de su familia y su comodidad