La democracia parte por casa
Una verdadera tormenta vive el aparataje electoral democrático de nuestro país. Mientras la participación electoral sufre un sistemático – y preocupante – declive progresivo desde 1989, los gobiernos de turno han implementado profundas modificaciones al sistema electoral chileno; éstas son, muy probablemente, la mayor batería de reformas y cambios en la historia de Chile y nos llevan a preguntarnos qué dirección toma el modelo de democracia representativa a lo largo y ancho del territorio.
Hoy en día se debate uno de los proyectos que quizás mayor oportunidad de cambio presenta para la vida de cualquier chileno y chilena, la elección de los Gobernadores Regionales. Y mientras la ciudadanía mira con desaliento cómo parlamentarios batallan por poder participar en la elección sin incurrir en riesgo alguno, el proyecto de ley esconde una profunda deshonestidad hacia los ciudadanos. Si las aguas siguen su camino actual, la elección de este nuevo cargo público no será más que un maquillaje de democracia para las regiones; esto dado que las atribuciones fiscales y políticas serán muy por debajo de lo que cualquier ciudadano podría creer.
Sin ir más lejos, la figura del nuevo gobernador podría estar limitada por una restricción que en ningún país que busca descentralizarse sería efectiva: la incapacidad de generar recursos propios y de disponer de facultades para administrar funciones públicas de primera necesidad. En otras palabras, el líder de cada región no podrá buscar formas de financiamiento propio y no tendrá injerencia real sobre las principales preocupaciones de la ciudadanía, tales como la educación, salud o seguridad.
Bajo un gobierno que ha apresurado la marcha de sus principales reformas, y en donde la vocación de centralización de las decisiones en Santiago es latente en cada proyecto que ha llevado a cabo, no se puede esperar que una ley de tan delicada importancia como la elección popular del gobernador regional sea realmente algo más que un espejismo de democracia.
Una rápida revisión de los principales proyectos que han generado modificaciones en nuestra institucionalidad democrática encontrará las palabras “más y mejor democracia” en ella, pero pareciese ser que la intención no se plasma en la acción. Si queremos hacer de Chile un país donde las oportunidades sean equitativas y los territorios puedan desarrollarse en su máxima expresión, un requerimiento básico es dar poder de decisión a las comunidades que viven y conocen sus problemas.
Desde Santiago no se hace una real democracia participativa, menos aun cuando se dispone de una elección netamente local bajo la órbita de una elección Presidencial. Desde la práctica y ejecución de las políticas públicas, es difícil conseguir impactos significativos sin comprender los desafíos particulares de cada localidad. Si realmente queremos tener una “mejor democracia” debemos partir en los cimientos de nuestra “casa” y otorgar reales capacidades de autonomía y decisión a las entidades locales.
