El jueves recién pasado, después de 23 días de paro, se aprobó en el Congreso el reajuste de 3,2% a los  sueldos de los trabajadores del  sector público.
Según la última Encuesta Suplementaria de Ingresos (ESI), el Estado cuenta con 884.679 funcionarios, quienes en promedio perciben un ingreso neto de $777.935. Esta cifra es 50,6% superior a los $ 516.656 que registra en promedio el sector privado. Si a esto le sumamos un escenario de bajísimo crecimiento económico, restricción presupuestaria y múltiples necesidades sociales, el denominado “guarismo” de 3,2% no parece despreciable.
Sin embargo, mucho más costoso que el reajuste fueron las consecuencias que tuvo el paro para la ciudadanía. Durante el mismo, se dejaron de realizar 39 mil prestaciones de salud, muchas de ellas de alta complejidad; se paralizaron servicios de Aduanas, Registro Civil, Servicio Médico Legal, retiro de basura y atención a menores (Integra y Junji), entre otros, con efectos negativos directos sobre familias y personas, en algunos casos irreparables. Con tristeza recordamos la muerte de la niña de cuatro años que cayó a una piscina por acompañar a su madre a trabajar, dado que su jardín infantil se encontraba cerrado por paro.
Los funcionarios públicos podrán tener legítimos anhelos de mejorar sus condiciones laborales, pero los ciudadanos no pueden seguir siendo prisioneros de dirigentes que anteponen sus intereses a las responsabilidades que les fueron entregadas, con el objetivo de servir a todos los chilenos.
Definitivamente hay ciertos límites que no se pueden cruzar, sobre todo cuando afectan a otras personas.