El gran despojo
La eliminación del Aporte Fiscal Indirecto (AFI) del proyecto de Ley de Presupuesto lamentablemente no nos sorprende. Se trata de una demostración más de la voluntad del gobierno de legislar a través de glosas presupuestarias, saltándose toda discusión democrática profunda, y de menoscabar el financiamiento de las universidades privadas.
Llama la atención la inconsistencia brutal de eliminar los fondos del AFI al mismo tiempo que se discute su derogación en el marco de la reforma a la educación superior en la Cámara de Diputados. No sólo se desconoce el debate legislativo que ha tenido lugar, sino que una vez más se intenta avanzar mediante hechos consumados: ¿Para qué se seguirán discutiendo las reformas en el Congreso si el Ejecutivo legisla a través del presupuesto?
Algunas instituciones celebran la eliminación del AFI, pero eso no debiera ser sorpresivo para nadie. Datos administrativos del Ministerio de Educación permiten observar que las universidades privadas han sido crecientemente más competitivas y han sido capaces de atraer estudiantes talentosos. Asimismo, los datos consignan que las universidades estatales pasaron de recibir el 53% del AFI en 1995, a sólo el 33% en 2015, mientras que para el mismo periodo las privadas fuera del Cruch que hacen parte del sistema único de admisión pasaron de 9% a 22%, lo que es un reflejo de las preferencias de los mejores postulantes a las universidades. Algunas instituciones que ven con buenos ojos la eliminación del AFI simplemente quieren dejar de competir y perder, y buscan ser compensadas por otro lado.
Es necesario dejar en claro que no defendemos el criterio de asignación asociado a la PSU, que ha sido acusado de regresivo, sino dos aspectos clave de la lógica de fondo que subyace al AFI: primero, que el Estado premie a las instituciones que han sido elegidas libremente por los estudiantes de mayor rendimiento, sin discriminarlas por su forma de organizarse o su proyecto educativo, y segundo, que la política pública reconozca el rendimiento académico de los estudiantes, independiente de la herramienta que usemos para medirlo. Además, si el gobierno estuviera preocupado de beneficiar a los estudiantes vulnerables y no a los de mayores recursos, no estaría promoviendo la gratuidad universal, la política regresiva por antonomasia.
A esto se suma el hecho que la eliminación del AFI contradice el discurso del gobierno y su coalición política. Este ha afirmado que la educación superior requiere aumentar el financiamiento fiscal a la oferta, lo que implica más fondos directos.
Al eliminar el AFI, se despoja a las universidades privadas que no pertenecen al Cruch de la única fuente de financiamiento de esta naturaleza, mientras que mantiene los difícilmente justificables privilegios históricos de las universidades anteriores a 1981 y sus derivadas.
Además de los efectos negativos de la eliminación de los fondos, es grave la manera en la que se lleva a cabo. Los peligros de definir las políticas públicas de forma arbitraria, sin aviso previo y sin discusión, amenazan la planificación y los presupuestos de las instituciones.
Esta forma de llevar la política pública, perjudica a las universidades privadas en esta oportunidad.
Quienes hoy aplauden la iniciativa, podrían ser los perjudicados el día de mañana, con un gobierno de otro signo.
Al negar el acceso a toda forma de financiamiento directo, que además no es un regalo, se compite por él, el gobierno muestra una vez más que desconoce el hecho que todas las instituciones están en condiciones de aportar al país, atraer buenos estudiantes y cumplir con lo que la política busca. Estamos a la espera que lo digan claramente.