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UDD en la Prensa

Crisis Institucional y Fair Process

 Gonzalo Jiménez
Gonzalo Jiménez Director Centro de Familias Empresarias & Empresas Familiares UDD

En 1997, el Dr. W. Chan Kim y la Profesora Renèe Mauborgne de INSEAD dieron forma al llamado Fair Process – o su inexacta traducción como ‘Proceso Debido’, que más bien se refiere a lo correcto – para abordar los principales aspectos de desarrollo de los planes de negocios y estrategias de las empresas y que aplica perfectamente a los más diversos ámbitos sociales, incluyendo por cierto la política, la estrategia militar (por ejemplo, las campañas de Napoleón) y la governance.
Ambos académicos aportan pautas fundamentales para conducir procesos empresariales e institucionales, sin causar impactos negativos en el trabajo del equipo y stakeholders, manteniendo intacta la motivación y la energía para alcanzar los logros buscados. He recordado reiteradamente esta teoría en estos días de convulsionado debate político en Chile, marcado por los pedidos de cambio de gabinete a la Presidenta por parte de sus propios partidos aliados en el gobierno.
Según el Fair Process, las grandes reformas en las instituciones pueden crear efectos adversos a nivel de equipos y desgastar la relación entre el líder y sus dirigidos, especialmente cuando esos cambios se ejecutan en secreto. En Chile, aquello de fraguar acuerdos en ‘la cocina’, está lejos de ser un proceso fair y sólo contribuye a sembrar la desconfianza de los miembros del equipo. Por el contrario, en un Fair Process, el líder toma decisiones consultando a sus dirigidos y explicando porqué tomó cada decisión, con claridad en los objetivos.
Tres son los aspectos clave de este tipo de procesos. Involucramiento, que significa comprometer a los miembros con sus grandes desafíos, lo que no necesariamente significa lograr un consenso respecto a una decisión, sino más bien obtener una definición sobre el mejor camino a seguir para avanzar hacia una resolución (o proceso de debate y de decisión). Un segundo pilar es la Explicación, no sólo de la decisión en sí misma sino por qué fue ese el camino seguido finalmente por la autoridad. En tercer lugar, Claridad de las expectativas, establecer marcas y objetivos claros sobre el proceso y la toma de decisiones.
Volviendo a Chile, podemos sacar algunas conclusiones bastante menos pesimistas de lo que nos inspira el ambiente. Por una parte, Michelle Bachelet asumió su segundo mandato sabiendo interpretar mejor que sus adversarios el malestar ciudadano frente a cierta institucionalidad establecida por décadas y que era urgente modernizar: la educación, las relaciones laborales, el sistema tributario, nuestra carta fundamental y ciertos asuntos valóricos en los cuales Chile parecía quedarse atrás y que requerían, al menos, un debate profundo. Esta latencia ciudadana era un asunto del que debía hacerse cargo ella o cualquier otro que hubiera asumido las riendas del país, porque estamos socialmente frente a un entorno demandante que no se quedaría de brazos cruzados frente a la inercia, esperando repetir nuevamente el mismo modelo, con avances moderados.
Sin embargo, si bien hubo capacidad de escuchar las voces que querían cambios, las autoridades y los dirigentes políticos no estuvieron a la altura de las expectativas tanto en términos de la promesa, ni mucho menos en la forma de alcanzar esos objetivos. Por eso, estamos ante un escenario ideal para un gran acuerdo, sobre todo pensando en lo que resta de tiempo, para destrabar los propósitos iniciales, lo que difícilmente se logrará por consensos, si no, más bien, a partir de la mejor idea. Es fundamental sincerar las expectativas, evidenciar que el corto no es lo mismo que el mediano plazo; se debe escuchar y por último, es necesario lograr el compromiso de los chilenos, de todos, sin olvidar que la empresa privada es un agente clave y el motor para construir un país mejor, y que debe ir de la mano del otro actor insustituible y que debe darle el sentido a ese futuro deseado: la sociedad civil. El rol de la Presidenta, como Jefa de Estado es ser la convocante, garante de la imparcialidad y del fair process de esta necesaria evolución.
Recuadro :     El rol de la Presidenta, como Jefa de Estado es ser la convocante, garante de la imparcialidad y del fair process de esta necesaria evolución.