En junio del año pasado, presentamos el libro ‘La Educación en la Encrucijada’, que escribí con la colaboración con el periodista Jacinto Gorosabel. Recorremos parte de la historia de la educación chilena y mostramos cómo durante gran parte de siglo XIX, el Estado Docente tardó un siglo en abrir las puertas de la educación escolar para los chilenos, especialmente la enseñanza básica. En el libro, también destacamos aquellas políticas públicas educativas que han permitido mejorar la calidad y acceso a la educación, aumentando la igualdad de oportunidades.
Lamentablemente, la Reforma Educacional aprobada el año pasado no fue construida siguiendo el espíritu de los acuerdos con visión de Estado y largo plazo, sino que es reflejo de las banderas ideológicas enarboladas por el movimiento estudiantil el 2011 y que se identifican con las consignas del fin del emprendimiento privado en la educación particular subvencionada; el término de la selección por mérito académico en los colegios y liceos públicos y particulares subvencionados; con la eliminación del aporte en dinero de las familias para la educación de sus hijos; una mayor centralización de la provisión de educación pública y el menoscabo del gobierno municipal; y finalmente con la gratuidad universal en la educación superior.
Hoy nuestro país corre el riesgo de hacer otra mala reforma, esta vez a la educación superior, pues el proyecto de ley presentado por el Gobierno adolece de graves errores e insuficiencias. Así lo han manifestado, no solo expertos en educación sino también instituciones de educación, como el Consejo Nacional de Acreditación que apuntó hacia las carencias de la iniciativa y el Consejo Nacional de Educación manifestó ante la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, su preocupación por el debilitamiento de la autonomía universitaria que generan muchas de sus disposiciones.
Dividir el proyecto de ley en partes para tramitarlas separadamente, como propuso el rector Carlos Peña, no garantiza la rectificación de errores y el mejoramiento de la iniciativa. Como ministro de la Secretaría General de la Presidencia, me correspondió conocer muy de cerca el proceso legislativo del Congreso y las dificultades que presenta una ley tan extensa y compleja como la que reforma la educación superior. Apurar su tramitación sin estudiarlo responsablemente, creará más problemas, ya que los defectos afectarán no solo a los jóvenes de hoy, sino también a las generaciones venideras.