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UDD en la Prensa

Sobre la reforma a la educación superior

Publicado en: El Mercurio | 7 abril, 2016
Federico Valdés Lafontaine
Federico Valdés Lafontaine Rector

Durante la semana pasada se hicieron públicos los borradores del Mineduc que contenían los aspectos centrales de la futura reforma a la educación superior. A pesar de las anunciadas intenciones de la autoridad de generar una discusión previa al respecto, como ya ha sido una constante, solo algunos actores del sistema pudieron acceder a ellas; mientras tanto, el resto se enteró por la prensa de sus detalles.
Hechos los análisis correspondientes, coincidimos en que esta regulación somete al sistema de educación superior a un entramado regulatorio absoluto (prácticamente ninguno de los elementos propios de la autonomía universitaria queda fuera de estricto control monopólico del Poder Ejecutivo) y agobiante (se afecta la libertad de enseñanza y diversidad de proyectos educativos).
Dichos borradores, además, plantean un cambio profundo de modelo sin un diagnóstico certero ni un diseño sólido que permita abordar de forma adecuada cada una de las miles de variables que existen en un sector que es clave para el desarrollo de un país y, más aún, para la vida de miles de jóvenes y sus familias. La simplificación de los problemas del sistema y de las supuestas soluciones es inquietante, y, más que dar certezas, solo termina dando más incertidumbre a un sector que lleva años en ascuas.
Como rectores de universidades privadas, y finalmente como actores importantes del sistema, creemos imprescindible abordar tres puntos relevantes de los borradores mencionados:
1. El aporte público de las universidades privadas: Los borradores dejan entrever una visión negativa -y también ideologizada- del sistema de educación superior privado y no reflejan en parte alguna el importante aporte que este ha representado para Chile (¿valdrá la pena nuevamente recordar que 9 de cada 10 jóvenes reciben hoy educación de una institución privada?). Por el contrario, se hace una odiosa diferencia entre las universidades privadas, sugiriendo que solo algunas tienen «vocación pública». Sin embargo, el carácter público no se define, y suena más a una elección «a dedo» que a otra cosa.
2. La autonomía y la libertad en encrucijada: No valorar la autonomía universitaria es ir en contra de la definición propia de lo que es una universidad en el siglo XXI. Los borradores descritos buscan, deliberadamente, reducir este concepto en las instituciones de educación superior privadas. En ese sentido, creemos que hay una confusión importante de conceptos. La autonomía universitaria lo que busca es evitar la intromisión del Estado en el desarrollo de los proyectos educativos y no impedir la autogestión a sus propios fundadores. Es la diversidad de proyectos educativos y la libertad de los estudiantes de elegir cuál se adapta mejor a sus necesidades y requerimientos lo que garantiza la riqueza del sistema. Vemos con preocupación que los borradores que han circulado buscan generar un modelo universitario único, con una injerencia y dependencia estatal que no corresponde a un sistema con instituciones de educación superior libres y autónomas.
3. Institucionalidad «a dedo»: Como ha sido una constante, nuevamente el borrador muestra un desprecio por un sector mayoritario del sistema de educación superior, al excluir deliberadamente a un grupo de instituciones en la definición de los organismos asesores de la Subsecretaría.
Según las minutas, estos organismos serán dos: el CRUCh (el cual supuestamente se abrirá al ingreso de nuevas universidades) y un Consejo de Rectores integrado por las instituciones de enseñanza técnico-profesional de nivel superior «de carácter público», definición que, como ya señalamos, no queda clara.
Es un despropósito que la autoridad mantenga al CRUCh como organismo asesor para la definición de políticas de todo el sistema. Hoy nadie puede sostener que esta entidad es representativa de todas las instituciones de educación superior y que no sea un actor interesado, ya sea para la definición de políticas públicas o acceso a mayores recursos públicos, como para cualquier otro propósito. Todas las instituciones deben ser escuchadas por la autoridad, no solo la que históricamente ha tenido más cercanía a ella o haga más ruido.
Nuestros estudiantes nos han preferido durante años, por lo que consideramos que nos hemos ganado el derecho de ser escuchados como corresponde. El sistema de educación superior del futuro debe incluir, no segregar. Cada actor debe aportar desde su propio proyecto.