Atentado a educación superior
Un sistema de educación superior (ES) para los tiempos actuales y futuros debe ser diverso, justo, autónomo y capaz de formar el capital humano que nuestro país requiere en forma eficiente. La propuesta «Bases para una Reforma al Sistema Nacional de Educación Superior» del Mineduc, recientemente dado a conocer, de ser aplicado a través de una ley, va a producir exactamente lo contrario. Esto es muy grave, ya que en el mundo global que vivimos y con una revolución tecnológica que cada día exigirá más a la (ES) nacional, ésta no podrá responder.
Así es como la nueva regulación atenta contra la diversidad, ya que en vez de promover proyectos académicos diferentes, tenderá a uniformarlos a través de centralizar e igualar los sistemas de admisión, de reducir la libertad de elección de los estudiantes y politizar la entrega de recursos.
Además, produce un grave atentado a la equidad, ya que al instaurar la gratuidad total, el 20% más rico de los estudiantes recibiría 2,5 veces más recursos que el quintil más pobre. La inequidad será peor en el futuro, ya que también se dañarán los incentivos al esfuerzo porque los jóvenes más pobres tendrán menos opciones para ingresar a raíz de los menores recursos de que dispondrán la educación pre y escolar.
Esto lo confirma Argentina, que con gratuidad total desde el siglo pasado logra que el 57% de los jóvenes con más recursos estudie en universidades y sólo el 18% de aquellos con menos ingresos. Por último, sólo 3 de 34 países de la OCDE posee gratuidad total.
Pero eso no es todo, la propuesta y las declaraciones de Francisco Martínez (director de ES del Mineduc) en este diario lo confirman: contiene un grave daño al concepto de autonomía y excelencia universitaria al ligar crecientemente la entrega de recursos a objetivos propios del gobierno de turno.
Como lo afirmó el Senador Ignacio Walker, el riesgo es «el filtro ideológico». Las nuevas normas contemplarían que los estamentos académico, estudiantil y funcionario participen en órganos de gobierno superior de la institución con derecho a voz y voto.
Nuevamente la experiencia argentina descrita por el profesor Alejandro Clocchiatti es ilustrativa: «el gobierno triestamental ha sido para que los partidos políticos penetraran decisivamente en el ámbito académico». Por lo demás, la frase del señor Martínez en cuanto a que «la institución presta un servicio educacional y la relación es con el Estado, que pone las reglas», señala con total franqueza que la autonomía se acabará.
Finalmente, la excelencia también se pondrá en juego. ¿Quién asegura que en el largo plazo los recursos de investigación no serán asignados políticamente, o favoreciendo a un cierto grupo de universidades? Ya hoy el aporte fiscal directo y otros relacionados con investigación son entregados en un 55% a universidades estatales.
El realismo y la seriedad requieren de una profunda rectificación en la nueva política para la educación superior.
