Escenario energético 2015 y sus desafíos
No cabe duda de que ha habido un cambio de escenario en la industria eléctrica chilena, que se manifiesta en un lento transitar para destrabar proyectos de inversión, después de un proceso de aprendizaje y adaptación de sus actores, quienes han comprendido que se debe compatibilizar tanto la necesidad de satisfacer la demanda energética del país a un costo competitivo, como la de fortalecer las relaciones comunitarias y el respeto al medio ambiente, de modo de concebir «creación de valor económico y también social». Estos cambios no son exclusivos de Chile, sino una tendencia mundial donde se ha reconfigurado la industria energética, poniendo mayor atención a aspectos sociales sumado a la irrupción de nuevas tecnologías a menor costo y cambios en la industria del petróleo y el gas.
Así, a pesar de que no habrá cambios radicales en la generación demanda y precios de la energía eléctrica en Chile respecto a 2014 el restablecimiento de confianzas permitirá impulsar políticas públicas más certeras, además de atraer nuevos actores a la industria.
En 2015 no se solucionarán los problemas, pero existirán avances importantes para que el sistema eléctrico chileno deje de ser vulnerable, lo cual pasará necesariamente por alcanzar un equilibrio armónico entre los factores sociales, ambientales y económicos.
La llegada de nuevos actores ayudará a desconcentrar la industria. Asimismo, y respecto a la matriz, es clave haber comprendido que no se puede prescindir de ninguna de las fuentes de energía de base. El apoyo explícito del gobierno a la Planta Termoeléctrica María Elena, la Central Luz Minera y la de Ciclo Combinado Kelar, da cuenta de aquello. Asimismo, con Alto Maipo hay un reconocimiento del aporte de la hidroelectricidad al país. Todo ello sumado a la favorable irrupción de las ERNC cuyos proyectos aprobados y en construcción superan con creces las expectativas de hace algunos años lo que tendrá efecto significativo a partir de 2016 en la matriz aunque se mantiene pendiente el desafío de mejorar la gestión e intermitencia de sus aportes.
Respecto a la interconexión SIC-SING, que se espera esté operativa el 2017, es probable que en 2015 se apruebe alguno de los proyectos actuales, o en su defecto, se abra una licitación para las obras.
También se espera que el Ejecutivo envíe al Congreso un proyecto de Ley de Transmisión Eléctrica que permita la eficaz operación de un centro de despacho único. Ambas medidas darán dinamismo a la industria de la transmisión.
BUENAS RELACIONES
Pero, sin duda, el factor que más contribuirá a garantizar un sistema eléctrico confiable, que sustente el desarrollo y crecimiento económico de Chile, será el cambio en las relaciones entre las empresas, el Estado y las comunidades, para lo cual es fundamental mejorar dichas relaciones a través de una efectiva participación de todos los actores sociales, concebida bajo la premisa de la adhesión de los ciudadanos a los proyectos de inversión. En este sentido, será imperativo abordar con éxito al menos dos elementos. Por un lado, las relaciones comunitarias y la participación ciudadana, y por otro, el efectivo cumplimiento del artículo 6o del Convenio 169 de la OIT.
Los esfuerzos de las empresas están comenzando a dar frutos. Sus departamentos de asuntos públicos han mejorado significativamente la forma de informar y transparentar sus proyectos a la comunidad quienes progresivamente están siendo «parte» del proyecto compartiendo incluso parte de sus beneficios.
Los procesos de consulta indígena todavía no fluyen óptimamente, pero se visualizan avances. Las empresas son conscientes de que hoy no solo deben responder preguntas, sino que deben conseguir acuerdos y lograr consentimientos, lo que necesariamente pasa por el respeto explícito a los intereses de ambas partes.
Al final, los aspectos técnicos y económicos del sistema eléctrico nacional seguramente transitarán positivamente en 2015, porque se cuenta con las capacidades y la voluntad tanto del mundo político como empresarial. Por eso, el real desafío estará en el desarrollo y la aplicación de políticas públicas que fortalezcan las relaciones sociales y que den estabilidad al desarrollo eléctrico del país, para lo que será fundamental el rol que jueguen las empresas, el Estado a través de las municipalidades y los organismos sectoriales correspondientes además de las organizaciones sociales y sus dirigentes.