¿Es conveniente la elección directa de intendentes?
Uno de los problemas a los que se exponen las leyes y políticas públicas tiene que ver con las consecuencias no anticipadas una vez puestas en práctica. Dicho de otra manera, a que una vez en funcionamiento aparecen efectos -positivos o negativos- no previstos.
Una de las propuestas estrella de los últimos tiempos para promover la descentralización es la elección directa de intendentes. Y si bien nadie duda de las buenas intenciones de quienes la proponen, es posible sostener que no es claro que contribuya a la mayor descentralización, sino que a todo lo contrario.
Como en otras oportunidades, mi argumentación es muy simple y sólo haré dos alcances. Primero, bajo la lógica de elección de intendentes se produce un primer efecto: al no tener todos los intendentes el mismo peso electoral, su capacidad de negociación para la obtención de recursos presupuestarios es distinta y, en consecuencia, se podrían agudizar las diferencias regionales. Así, por ejemplo, el intendente de la Región Metropolitana (RM) representa a siete millones de habitantes, mientras los de las regiones de Los Ríos o de Aysén, 401.000 y 107.000, respectivamente; es decir, la RM es entre 17 y 65 veces más grande. En clave política, esto significa que las capacidades negociadoras y de presión son muy distintas.
Se dirá que esto sucede de algún modo ahora, pero la verdad es que no. Los intendentes reportan al presidente y no se deben a un electorado. Con la elección de intendentes la lógica es muy distinta. Ellos responden principalmente a su electorado y los partidos que los apoyan también, teniendo incentivos para la reelección.
Luego, el objetivo de descentralizar podría quedar bastante opacado. Podría proponerse que la RM no eligiera intendente, sin embargo, ¿qué principio justificaría dejar sin capacidad de elección al 40% del país? También podría plantearse la sujeción de los intendentes al Ejecutivo sin embargo, ¿cuál sería el propósito de elegirlo? Una segunda consecuencia no anticipada, ya insinuada, tiene que ver con la relación intendente-Ejecutivo-partidos políticos. Supongamos que el intendente de la RM obtiene el 51% de los votos, asumiendo que la fórmula empleada es de dos vueltas.
Esto significaría, asumiendo los mismos niveles de abstención de la presidencial (57%), que dicho intendente cuenta con 46% de los votos necesarios para ganar una elección presidencial. Es decir, se trata de un presidente en la sombra. Luego, podría ocurrir que los conflictos y tensiones con el Ejecutivo se agudicen, transformando los problemas de una región en los problemas del país, afectando a la propia región incluso. A alguien se le puede ocurrir desentronizar el ciclo, sin embargo ello no resuelve el problema.
Pero eso no es todo. Dicha situación les impone a los partidos una ventaja pero también un problema. ¿Qué sentido tendría una primaria en estos términos? ¿Qué partido estaría dispuesto a tener un intendente en contra? Más aún, los intendentes serían claves en el nombramiento de las plantillas parlamentarias, lo que afectaría negativamente una de las características clave del éxito de nuestro sistema de partidos, que es que ellos sean nacionales y alejados del clientelismo, afectando así la fluidez del proceso de generación de políticas públicas.
Lo anterior no significa estar en contra de la descentralización, muy por el contrario -he hecho planteamientos al respecto-; es estar a favor de tomar las medidas que realmente descentralicen, y no las que producen lo contrario y condenan más a las regiones a un rol de aspectadores.