La agenda del Estado en temáticas indígenas
A 100 días de haber asumido el gobierno y habiendo cumplido solo parte de las medidas comprometidas; destacan, dentro de las medidas pendientes, las relacionadas con los pueblos originarios, especialmente la creación del Ministerio de Asuntos indígenas y el Consejo de Pueblos indígenas. El trasfondo de estas propuestas es la creación de una nueva institucionalidad acorde a los estándares internacionales y a las constantes recomendaciones de Naciones Unidas.
El argumento principal en este atraso se debe a la necesidad de consultar al mundo indígena antes de enviar al Congreso las iniciativas, de acuerdo a lo planteado por el convenio n°169 de la OIT (y que Chile ratificó en el año 2009).
La propuesta de crear un Consejo de Pueblos indígenas ha generado algunas dudas dentro de las distintas comunidades, principalmente mapuches, al no tener claro que tan participativo e inclusivo será, y algunos líderes han declarado que las medidas anunciadas son «generales» y «no hay nada concreto».
Si bien, el gobierno ha ratificado constantemente su voluntad de un nuevo trato hacia los pueblos originarios, lo que se ha visto reflejado en el reciente anuncio de no aplicar la ley antiterrorista a miembros del pueblo mapuche, siguiendo nuevamente las recomendaciones de la ONU; y además al comprometerse programáticamente con una nueva relación basada en el diálogo y el entendimiento; aún hay cierta reticencia por parte de los miembros de las diferentes comunidades de que los cambios sean reales.
Para lograr un acercamiento entre los diferentes actores involucrados, el rol del intendente de la región de la Araucanía ha sido clave, desde el inicio del gobierno. No sólo se auto-identifica con el pueblo mapuche, sino que además ha buscado posicionar en la opinión pública el tema del conflicto más allá de los actos de violencia, señalando constantemente que es un conflicto político y que la causa de la dificultad de encontrar una solución se debe a que el Estado chileno históricamente lo ha asociado principalmente a un problema de pobreza y acceso a bienes, y para ello ha desarrollado políticas públicas que no atacan la raíz del problema y entregan soluciones parciales. Pero además sus constantes reuniones con otros actores del conflicto, como por ejemplo las víctimas de acciones violentas en la región como fue su reunión privada con la familia Luchsinger, le hace posicionarse quizás como un interlocutor cada vez más validado para poder lograr avances en un conflicto que inició antes del mismo Estado Chileno.
