Difícil legalidad
La organización social más perfecta supone el pleno imperio del Estado de Derecho. Ello implica, a lo menos, la concurrencia de cuatro exigencias fundamentales: existencia de un sistema de normas jurídicas, derivadas las unas de las otras, coherentemente organizadas (constitucionales, legales y reglamentarias); cumplimiento espontáneo o coercitivo de todas ellas por parte de los imperados; determinación sobre cómo deben aplicarse las normas a los casos concretos, resolviendo los conflictos que se susciten en el orden temporal; y separación de las potestades públicas, evitando su concentración en el ejercicio del poder. Se podrían agregar muchos otros requisitos, pero serían ellos marginales o menos significativos.
Cabe analizar, entonces, en qué medida estas exigencias se cumplen o si nos hallamos muy distantes de lograrlo.
Desde luego, el sistema normativo se hace cada día más inestable, incorporándose a él modificaciones que rompen principios e instituciones largamente asentados en nuestra tradición jurídica. Caso típico de lo que ocurre es la Ley Sobre Protección de los Derechos del Consumidor (N° 19.496), que arrasa con el efecto relativo de los contratos, la cosa juzgada, la intangibilidad de las convenciones, la conmutatividad de las prestaciones, y el efecto de las sentencias judiciales. La certeza jurídica, uno de los mayores atributos del derecho, se diluye, abriendo espacio a la arbitrariedad.
Esta y otras normas semejantes (especialmente las relacionadas con la defensa del medio ambiente) rompen la coherencia del ordenamiento, impiden su adecuada aplicación e imposibilitan la confianza de la comunidad en su fuerza normativa. Y qué decir de las presiones que se ejercen cada día para instalar una «asamblea constituyente» que, al margen de la institucionaiidad vigente, elabore una nueva Constitución, que nacería con patente de ilegitimidad. Todavía más, el proceso legislativo es, muy probablemente, uno de los escollos principales para el mejoramiento y renovación de nuestras leyes. Hay proyectos de ley indispensables para encarar problemas que no deberían perpetuarse, o se sujetan a una tramitación engorrosa que dura decenas de años o quedan abandonados.
Si observamos el cumplimiento de la ley saltan a la vista las mayores preocupaciones de la sociedad chilena: los elevados índices de delincuencia que afectan a casi todas las ciudades del país, la situación dramática que vive la Región de la Araucanía, envuelta en un conflicto que no parece apaciguarse, y los excesos y peligros que encierra el aumento del narcotráfico, especialmente para nuestra juventud y los sectores más modestos.
En lo relativo a la aplicación de la ley, no puede desconocerse la existencia de una falange de jueces que, abierta y desafiantemente, escogen la ley aplicable según su psicología e ideología, subordinando lo que ella ordena a sus íntimas convicciones morales filosóficas y políticas. Desde esta perspectiva, el ejercicio de la jurisdicción se transforma en un instrumento llamado a cumplir una función eminentemente política, que desvirtúa la esencia de su cometido.
Finalmente, no puede ignorarse que el Poder Ejecutivo ejerce sobre los demás poderes del Estado una suerte de tuición concentrando facultades y controles que le permiten invadir la autonomía de los demás órganos del Estado. Todos los avances institucionales no han sido, capaces, por ejemplo, de desatar las amarras que limitan la organización y funcionamiento de la judicatura, sometida, en el manejo financiero de sus recursos, a los designios de los demás poderes públicos.
Creo indispensable, frente a este panorama, reflexionar muy seriamente. Es justo promover nuevas ideas sobre educación institucionalidad y estructuras tributarias pero poco o nada se logrará debilitando el Estado de Derecho que, dígase lo que se quiera, es reconocido hoy día como uno de los pilares esenciales de la democracia política. Por imperfecto que este sea, en la medida que se obstruya su buen funcionamiento, no solamente se erosionarán la libertad y la sana convivencia ciudadana, sino que nos expondremos a precipitarnos por el camino de la anarquía y la desintegración.
Perfeccionar el Estado de Derecho, asumiendo la necesidad de modernizar la máquina del Estado, es la tarea primordial de nuestro tiempo.
Cualquier sacrificio de la autoridad y los dirigentes políticos que apunte a consolidar del Estado de Derecho será una contribución valiosa para que en este país predomine el respeto entre los ciudadanos y la paz social. Todo dentro del derecho. Nada fuera de su regulación. Solo así podemos asegurar que no retrocederemos ante la historia.