Concesiones: ¿renegociemos?
A propósito de lo que está sucediendo con el puente Chacabuco y lo que sucede en muchos contratos de concesiones, creo relevante tener en cuenta ciertas consideraciones.
Las altas tasas de renegociación en los contratos de concesiones implican un baipás de la competencia en el proceso de licitación que garantiza a una firma el derecho de operar monopólicamente en un determinado mercado. Los altos costos de llevar a cabo estos procesos y la información asimétrica están presentes en el diseño, regulación y supervisión de los contratos licitados. Estos aspectos determinan las acciones estratégicas de las partes (gobierno y empresas).
Hay varios estudios internacionales (se trabaja en uno nacional) que tratan de determinar la probabilidad que un contrato se renegocie. Se basan en factores institucionales, económicos y políticos.
Aparte de contingencias que sí pueden suceder en cualquier proyecto, la evidencia muestra que algunas empresas planean con anticipación la estrategia para postular y ganar una licitación para luego renegociar. Su plan se sustenta en su conocida capacidad de ofertar un menor precio para luego negociar los cambios.
Esta capacidad de renegociar sumado al comportamiento oportunista de las empresas, se basa en las deficientes cláusulas de los contratos que dejan espacios para estas acciones En otras palabras, es posible que los participantes de un proceso de licitación anticipen la posibilidad de renegociación dado que la postulación no solo se basa en sus costos, sino también en su poder de negociación.
En general, se ha encontrado que la probabilidad de que un contrato se renegocie depende del número de participantes en la licitación, el factor que determina al ganador, la experiencia anterior del postulante en la operación de otros contratos, los mecanismos de regulación de la tarifa en la concesión, el grado de autonomía del regulador y el ambiente económico con variables como PIB per cápita, inflación y tipo de cambio.
Todo este tipo de procesos puede generar altos costos al Estado y disminuir el bienestar de la sociedad. Sin embargo no hay que olvidar que existen imponderables y puede haber omisiones por parte del Estado que hacen elevar los costos de los proyectos.