Las participaciones minoritarias, vínculos materiales entre dos empresas, y los «interlocking directorates», lazos personales que se generan entre dos compañías por tener directores comunes, son herramientas estratégicas que las empresas utilizan para concretar sus proyectos de negocios y adaptarse a los cambios en el entorno. Desde hace mucho tiempo, los académicos en el área de estrategia y gobierno corporativo, estudiamos los «interlocking directorates» y las participaciones minoritarias y sus efectos en el mundo de los negocios. Por el lado positivo, podemos decir que estas relaciones mejoran el desempeño de las empresas y su capacidad de adaptación al contexto.
Existen múltiples casos de implementación de estas prácticas para obtener buenos resultados. Por ejemplo, cuando una empresa entra en la propiedad de otra para aprender sobre su forma de operar o para acceder a una nueva industria. Otra instancia se da cuando una empresa proyecta su internacionalización e incorpora a un director de una empresa que ya ha pasado por dicho proceso para aprender del mismo.
Sin embargo, estas relaciones materiales y personales también tienen una faceta negativa que ha sido resaltada por los escándalos corporativos de los últimos años. En los últimos meses, un nuevo actor ha puesto foco en este tema: la Fiscalía Nacional del Estado (FNE). El cuestionamiento surge por la dificultad que existe, tanto en la adquisición de participaciones minoritarias como la generación de interlockings, para evaluar si estas prácticas y/o conductas tienen efectos anticompetitivos, prácticas colusorias, abusos de posición dominante, o bien, operaciones de concentración.
A partir de ahora, si las empresas quieren evitarse problemas, al generar estos vínculos corporativos materiales o personales, no sólo tendrán que pensar en su impacto estratégico y los resultados que esperan obtener de ellos, sino que también deberán analizar en qué medida estas relaciones hacen sospechosa a una compañía de prácticas anticompetitivas.
El cuestionamiento surge por la dificultad que existe para evaluar si estas prácticas y/o conductas tienen efectos anticompetitivos prácticas colusorias abusos de posición dominante, o bien operaciones de concentración.