Profecías cumplidas
Se ha dicho que los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. En 1925, cuando don Arturo Alessandri Raima se esforzaba por aprobar una nueva Constitución, se discutió la forma más adecuada de nominar a los miembros de la Corte Suprema.
La funesta experiencia parlamentarista de la que el país venía saliendo estaba aún fresca en la memoria de los redactores de la carta. Por ello no suscitó demasiada disputa la iniciativa presidencia] de un nuevo sistema que eliminara |>ara siempre la intervención político partidista de los nombramientos en la cabeza del Poder Judicial. Hasta entonces, los candidatos a la Corte eran nominados por el Consejo de Estado, órgano de presión del Congreso sobre el Presidente y las influencias político partidistas, cada vez que se producía una vacante, eran tan descaradas como inevitables.
Don Arturo Alessandri comprendía bien que resultaba imposible continuar con un mecanismo que fomentaba esta mala práctica. Por ello impuso la fórmula de cooptación, en la que el propio Poder Judicial era quien seleccionaba una lista de cinco candidatos y luego el Presidente de la República le daba «el toque administrativo» al escoger a uno de dichos nombres para llenar la vacante.
La cooptación, hoy mantenida para la selección de los jueces de la instancia y miembros de las Cortes de Apelaciones. funcionó sin mayores cucstionamientos durante casi 80 años, hasta que en 1997, por consideraciones de «alta política*, bajo la administración Freí Ruiz-Tagle se volvió a imponer la participación de un órgano político esta vez el Senado, en el nombramiento de la Corte Suprema. I .os congresistas que contribuyeron con su voto a esta decisión no reflexionaron en lo más mínimo sobre los peligros que implicaba. Frente a la crítica de quienes señalamos su inconveniencia, se nos contestó que estas decisiones serían siempre «de Estado» y que nunca se produciría de nuevo un conflicto partidista.
La historia ha sido muy distinta y nos ha dado la razón. El reciente episodio del veto político impuesto por la oposición al nombramiento del ministro Juan Manuel Muñoz, ha sido sólo el último en una larga lista de desaciertos. La carrera de un juez de trayectoria impecable ha sido truncada por las antipatías que su nombre suscita en un señor senador, incómodo por resoluciones del juez que no fueron de su agrado. Mala, pésima señal de cómo están funcionando las cosas en nuestra vieja República y que demuestra que nunca aprendemos las lecciones de la historia