Acusación constitucional
Recientemente un grupo de diputados de la Concertación ha anunciado que acusará constitucionalmente al ministro de Educación por notable abandono de deberes a raíz del caso de la Universidad del Mar. Más allá de los argumentos, si es que los hay, es evidente que, por ser 2013 un año electoral, las razones para promover la acusación debieran buscarse en consideraciones de este tipo; de otro modo, hubiese sido presentada con anterioridad.
En ese sentido, el mejoramiento en la aprobación del Gobierno finalmente alerta a los parlamentarios opositores sobre la necesidad de buscar algún tipo de contención, y qué mejor estrategia que la de dirigir los ataques hacia un área altamente sensible en el electorado. Pero eso no es todo. La gestión de Beyer, activa y directa en los temas constituye otra amenaza y, por lo tanto minar su reputación resulta una estrategia adecuada si con ello se logra instalar una agenda crítica para el Gobierno.
Hasta aquí todo parece coherente y hasta podría decirse que constituye una estrategia a todas luces rentable políticamente; no obstante, los hechos permiten llegar a una conclusión bastante distinta. En primer lugar, ha quedado de manifiesto que las soluciones a la problemática educacional, en general, y al caso de la Universidad del Mar, en particular, han sido abordadas por la actual autoridad tanto a través de medidas administrativas como de iniciativas de ley. De este modo, en la medida en que los problemas de los estudiantes de dicha universidad sean abordados exitosamente, existirán menos posibilidades de que el tema tenga eco en la opinión pública. Si bien ello apura a los parlamentarios a adelantar la acusación, no necesariamente garantiza su éxito.
Segundo, iniciativas como éstas resultan disonantes y hasta oportunistas desde el momento en que en modo alguno sus protagonistas anticiparon lo ocurrido, a pesar de que hoy aparezcan como defensores de la causa estudiantil. Ciertamente, no se puede dudar de las buenas intenciones; sin embargo, un manto de dudas surge cuando iniciativas como una acusación constitucional se anuncian sólo en el momento en que el problema adquiere la gravedad que hoy apreciamos. El público es muy crítico de este tipo de actitudes, pues deja en evidencia más un tratamiento político de los temas públicos que un interés en resolverlos; vale decir, el propósito de exhibir habilidades retóricas antes que formular propuestas específicas.
Finalmente, un aspecto central que ha quedado en evidencia en estos meses es que, si el caso de la universidad en cuestión a alguien compromete, es a las autoridades nombradas por los gobiernos anteriores. En efecto, la falta de supervisión que percibe la opinión pública viene de mucho antes de la actual administración. En tal sentido, el centro de atención pasaría por preguntarse sobre qué se hizo y qué dejaron de hacer dichas ex autoridades.
Esto les impone a los redactores de la acusación una consecuencia no anticipada: que ello termine abriendo una caja de Pandora justo antes de la llegada de Bachelet. En efecto, de prosperar la iniciativa, el tema de la educación ya no pasará por los reproches que se hacen a la autoridad actual, sino a quienes sistemáticamente han participado en los últimos años Bachelet incluida, en materia de educación. Lo que menos necesita Bachelet es tener que responder por todas las administraciones de la Concertación, ni menos que sus partidarios sean los arquitectos de un escenario como ése.
De ser así, un escenario nada negativo para el Gobierno consiste en tener la oportunidad de contrastar sus avances con los de la Concertación, teniendo como promotores de dicho escenario a la propia coalición opositora.