Más mercado y menos Estado
Los últimos hechos de corrupción en el sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior sólo vienen a constatar algo que ya sabíamos: las fallas del Estado pueden ser aún más severas que las del mercado.
Recordemos que la principal falla de mercado de la educación superior está en la falta y/o asimetría de información. En efecto, no sólo hay escasez de información, sino que muchas veces hay falta de validez, pertinencia, comparabilidad y acceso de los distintos usuarios, y la provisión de datos es incompleta y muchas veces inconsistente.
No obstante, se aprecian al menos tres fallas del Estado comprobadas en la práctica: distorsión en los incentivos de los distintos actores, inconsistencia temporal de las decisiones políticas y, la más preocupante, la captura del regulador.
Aunque todos estos acontecimientos tienen menos de dulce que de agraz, debemos reconocer que la Ley 20.129 ha generado un genuino esfuerzo de las instituciones de educación superior por mejorar la calidad de sus procesos y resultados.
Ahora bien, frente al actual escenario cabe preguntarse cuáles deberían ser los principales elementos de una reforma integral al sistema de aseguramiento de la calidad de la educación superior. Desde el punto de vista del gobierno corporativo, debe haber una menor participación del Estado en donde los integrantes del Consejo de la CNA no deben representar a nadie (como universidades tradicionales, privadas, etc.), sino ser designados en concurso público sólo por sus méritos técnicos en la materia. De la misma manera, no se justifica que esta instancia tenga representantes de los estudiantes. El sistema debiera ser suficientemente independiente de los poderes Ejecutivo y Legislativo y su orgánica debería ser equivalente a la del Banco Central.
Asimismo, el sistema debería aceptar que agencias internacionales realicen la acreditación institucional de programas y carreras. El modelo norteamericano es un buen referente en cuanto a que la agencia realiza un proceso de asesoramiento de la institución hasta que ésta cumple con los estándares para acreditarse. La acreditación se otorga por un período de tiempo único, por ejemplo, cinco años.
Es fundamental que se racionalicen los procesos de acreditación con el objetivo de proteger el tiempo de académicos, administrativos y estudiantes para sus tareas principales. Las instituciones acredita doras deberían ser totalmente independientes, sin conflictos de interés, con evaluadores especializados en aseguramiento que trabajen a tiempo completo.
Por último, debido a que se acredita aseguramiento de la calidad, el sistema no es capaz de distinguir plenamente a instituciones y carreras con méritos mayores. Esto produce empates (por ejemplo número de años de acreditación) entre instituciones y carreras muy diferentes y con niveles de calidad potencialmente distintos. Por ejemplo, si una institución o carrera se declara docente no se examina investigación y puede obtener igual o mayor cantidad de años que organizaciones más complejas. Al igual que las empresas, las universidades deben considerar los procesos de acreditación como pasos necesarios, pero sólo los primeros en el camino hacia la excelencia.
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