Tentación por la equidad
Todo tribunal de justicia experimenta lo que podría llamarse la tentación por la equidad. Ello implica resolver una causa doblegándose ante lo que parece justo, por encima de aquello que dispone la ley.
Esta inclinación resulta inaceptable tratándose de jueces de derecho y la forma más efectiva de debilitar la juridicidad vigente.
Destaquemos, desde luego, que lo más justo será siempre lo que dispone la ley y no lo que aprecia subjetivamente un sentenciador cuyo criterio estará condicionado por sus experiencias y sus convicciones personales.
Si las normas legales —real o presuntivamente conocidas por todos— regulan o califican la plenitud de las conductas sociales, lo esencialmente justo es lo que éstas ordenan (respeto a las «reglas del juego»). Desde esta perspectiva, sustraerse a lo ordenado por el derecho es una manifestación suprema de inequidad, porque se presume que todos debemos obrar sin quebrantar el orden preestablecido, puesto que él determina en forma anticipada las consecuencias de nuestros actos. Sin embargo, existe una secreta preferencia por aplicar una solución de equidad a los conflictos que llegan a conocimiento de la judicatura. Esta actitud, sin duda, debilita el derecho y erosiona la convivencia social.
Ninguna injusticia resulta más dolorosa que aquella que se consuma despreciando el mandato normativo para incursionar en el mundo frágil de la equidad.
Lo anterior se ve magnificado por el hecho de que la equidad, en cuanto sentido intuitivo de justicia con prescindencia del derecho objetivo (la ley), no es unívoca y depende de innumerables factores cuyo peso y gravitación resulta imposible determinar. Por lo tanto, sus raíces se hunden en una superficie pantanosa y escurridiza.
Nuestro país ha conocido en las últimas semanas una demanda constante del Perú que, para fijar la delimitación marítima de nuestras fronteras, aboga por el pronunciamiento de una sentencia fundada en la equidad, al margen de los tratados internacionales vigentes. O sea, se procura eludir la ley internacional para dar preferencia a una noción subjetiva de justicia, en desmedro de un sistema basado en el principio pacta sunt servanda, conforme al cual, en este caso, los convenios y tratados internacionales son ley para las partes contratantes. Si la Corte Internacional de La Haya se inclinara por esta solución, se abriría una brecha, cada vez más ancha, que pondría en peligro la estabilidad territorial de todas las naciones del mundo. Lo que ocurre a nivel internacional puede extrapolarse al plano interno en el cual, constantemente, vemos cómo se pisotea la ley por factores extrajurídicos (políticos, sociales, culturales, raciales, éticos, etcétera), alentando el aventurerismo y el abuso. El quebrantamiento de la ley será siempre el mayor aliciente para aquellos que procuran la descomposición de la sociedad y la abolición de la libertad.
El problema que planteo se ve agravado por el hecho de que los tribunales, a la hora de escoger la equidad y burlar el derecho, disfrazan su propósito, aduciendo peregrinas especulaciones interpretativas. En esta materia se ha llegado al extremo de reconocer que el juez, al adoptar su decisión, califica la justicia (equidad) de cada posición, acomodando ex post sus argumentos y razonamientos jurídicos para justificarla. De esta manera, finge respetar y aplicar la ley. Por ende, los tribunales superiores de justicia deberían sancionar drásticamente estas prácticas que conspiran contra el prestigio y eficacia del derecho comprometiéndose a imponer un acatamiento estricto al mandato normativo.
No se crea que el sistema jurídico descalifica a priori la equidad como fundamento de una decisión judicial. Debe recordarse que ella tiene cabida en nuestro ordenamiento cuando la situación que debe juzgarse no está resuelta en la ley (laguna legal), o para desentrañar su verdadero sentido y alcance (elemento de interpretación formal), o como fundamento de las resoluciones adoptadas por los llamados «árbitros arbitradores», autorizados para prescindir de disposiciones legales y resolver conforme a lo que les dicte su prudencia y equidad.
Por consiguiente, si queremos perfeccionar el sistema jurídico (tanto en el plano interno como en el internacional), debemos exigir el cumplimiento del derecho y repudiar todo intento que llame a dejarse seducir por la equidad, que seguirá siendo una constante tentación de los jueces sin advertir el daño que provocan. Asimismo esperamos que el Tribunal Internacional de La Haya no se haga eco de los llamados a encontrar fórmulas ingeniosas fundadas en la equidad, despreciando la validez y poder vinculante de los tratados internacionales, su aplicación y reconocimiento.
Si esto no ocurre, sufriremos un retroceso que tardará muchos años reparar.