Las dos caras de Jano: autonomía personal y función pública
Diversas situaciones de las que hemos sido testigos en el último tiempo parecen comprometer el derecho a la autonomía personal entendido como la facultad que asiste a cada persona para determinarse libremente adoptando las decisiones que resulten más acordes a su plan de vida.
Así, pudiera estimarse que se ejercita la autonomía personal cuando un exsubsecretario aprovecha el descanso dominical para realizar actos que lesionan a una funcionaria o cuando determinados jueces viajan fuera del país mientras se encuentran con licencia médica. Sin embargo, este derecho no puede nunca esgrimirse para cobijar conductas reñidas con el ordenamiento jurídico.
Existen, con todo, otras situaciones más sutiles. Ello ocurre, por ejemplo, en el proyecto de reforma constitucional que actualmente analiza la Cámara de Diputados para introducir como causal de cesación en el cargo y como incompatibilidad en el ejercicio del mismo la detección de sustancias estupefacientes o sicotrópicas ilícitas por parte de altas autoridades.
Podrá decirse que el consumo de drogas es una decisión que se encuentra amparada por el derecho a la autonomía personal y que ello no debe acarrear consecuencias jurídicas similares a una sanción. El punto aquí es que no estamos hablando de cualquier persona, sino de las más altas autoridades del país, de aquellos en quienes reside la facultad de tomar las decisiones que van a repercutir en los más diversos aspectos de la vida cotidiana de cada uno de nosotros.
A lo anterior debe unirse el hecho de que está científicamente comprobado que el consumo de drogas produce efectos en las actitudes y decisiones personales, pues inciden en la coordinación, la percepción, y el comportamiento en general.
¿Podrían argumentar tales autoridades que dicho consumo es un asunto propio de su esfera de autonomía?
La respuesta es necesariamente negativa, precisamente, en razón de la función pública que desempeñan, la que impacta directamente en la vida colectiva. Es en razón de este fundamento, que la función pública va acompañada de principios tan relevantes como la integridad, la probidad y la responsabilidad en el ejercicio del cargo que resultan efectivamente comprometidos si se detecta el consumo de drogas.
La naturaleza de estas funciones, por lo demás, ya ha sido considerada como un límite determinante respecto de ciertos derechos fundamentales como la protección de la vida privada. En base a ello, las altas autoridades deben declarar su patrimonio e intereses en la forma que indica la ley. Del mismo modo, los medios de comunicación están facultados por la ley para informar sobre aspectos de la privacidad de quienes ejercen funciones públicas. En estas situaciones, siempre hay un interés público comprometido, el que también debiera ponderarse adecuadamente cuando se trata del consumo de drogas por parte de quienes ejercen altas funciones públicas.