Cuando la justicia se parece a la venganza
Christa Pike tenía apenas 18 años cuando, en 1995, participó en el brutal asesinato de Colleen Slemmer, una joven de 19 años a quien conoció en un centro de formación para jóvenes con problemas de conducta, en Tennessee, EE.UU. Pike provenía de una infancia marcada por el abuso y la negligencia y posteriormente fue diagnosticada con trastornos psiquiátricos. Nada de ello justifica la atrocidad del crimen cometido ni disminuye el sufrimiento causado a la víctima y su familia, pero esos antecedentes sí recuerdan que aquella adolescente vulnerable y violenta no necesariamente es la misma persona que, treinta años después, el Estado decidió ejecutar.
Hoy Pike tiene 50 años. Durante su extensa reclusión ha expresado arrepentimiento y reconocido el daño causado. El pasado miércoles, luego de más de treinta años en el corredor de la muerte, recibió dos dosis de pentobarbital destinadas a provocar su muerte. La ejecución fracasó. Al momento de escribir esta columna, ella sigue hospitalizada grave, pero según se ha informado, está consciente y habla, aunque es prematuro señalar si quedará o no con secuelas neurológicas.
Este caso nos permite volver a reflexionar sobre la pena de muerte. Si bien datos recientes muestran que cada vez son menos los países que la mantienen -al finalizar 2025, 113 la habían abolido completamente y 145 lo habían hecho en la ley o en la práctica- Amnistía Internacional documentó ese mismo año al menos 2.707 ejecuciones en 17 países, un 78% más que en 2024 y la cifra más alta registrada desde 1981. El número real es probablemente mucho mayor, porque esas cifras no incluyen las miles de ejecuciones que se estima ocurren en algunos regímenes totalitarios. Es decir, la pena de muerte retrocede geográficamente, pero se intensifica allí donde todavía se aplica.
¿Por qué oponerse a ella? Mi primera objeción es la más elemental: el respeto por la vida humana no puede depender de la simpatía que nos produzca quien la posee ni desaparecer ante la atrocidad de sus actos. Son precisamente los crímenes más horrorosos los que ponen a prueba ese principio.
Existe, además, una razón de prudencia. La justicia es ejercida por seres humanos y, por tanto, puede equivocarse. Según el Death Penalty Information Center, desde 1973, 203 personas condenadas a muerte en Estados Unidos han sido posteriormente exoneradas. Una condena injusta a prisión puede, al menos parcialmente, repararse. Una ejecución, no.
La pena de muerte elimina también cualquier posibilidad de rehabilitación. Una persona no necesariamente queda moralmente congelada en el peor acto de su vida. Puede reconocer el daño causado, arrepentirse y cambiar, aunque nada de ello borre su responsabilidad ni el sufrimiento de sus víctimas. Tampoco existe evidencia científica concluyente de que la pena capital tenga un efecto disuasorio superior al de otras penas severas sobre los homicidios.
En el caso de Pike, se agrega otro elemento difícil de ignorar: el tiempo. Después de treinta años de privación de libertad, ¿qué finalidad persigue ejecutarla ahora? La sociedad ya ha sido protegida de quien cometió aquel crimen y el castigo ha sido prolongado y severo. Si la pena supone también saldar una deuda con la comunidad, después de tres décadas en prisión cuesta entender qué queda aún por saldar con su muerte. Más que justicia, parece venganza.
Para quienes ejercemos la medicina existe, además, otra dimensión. La inyección letal busca revestir la ejecución de la apariencia de un procedimiento médico: utiliza fármacos, vías intravenosas y conocimientos propios de nuestra profesión. Sin embargo, tanto la Asociación Médica Mundial como la Asociación Médica Estadounidense consideran contrario a la ética que los médicos participen en una ejecución. Se produce así una inquietante contradicción: quienes poseen las competencias para realizar esos procedimientos son precisamente quienes no debieran utilizarlas para provocar deliberadamente la muerte. Y la pretendida asepsia del método tampoco garantiza una muerte predecible e indolora: un estudio estimó que el 7,2% de las ejecuciones mediante inyección letal presentó problemas durante su realización. Lo ocurrido con Pike obliga también a preguntarse si una ejecución que termina con una persona gravemente lesionada, inconsciente y hospitalizada no constituye precisamente aquel trato cruel, inhumano o degradante que las sociedades democráticas se han comprometido a desterrar.
Hay, finalmente, una paradoja difícil de eludir. Después de que el Estado intentara terminar con su vida, corresponde ahora a la medicina intentar preservarla. Quizás el fracaso de esta ejecución permita volver a plantear una pregunta más fundamental: no cómo ejecutar de manera más eficiente, sino si quitar deliberadamente otra vida puede alguna vez constituir una forma de hacer justicia.