Esta semana un abogado ingresó cerca de 40 mil escritos mediante una herramienta automatizada, saturando la Oficina Judicial Virtual del Poder Judicial. A partir del episodio, surgieron llamados a restringir o incluso prohibir el uso de inteligencia artificial en este tipo de trámites.

Pero esa discusión apunta al lugar equivocado.

Si los escritos eran improcedentes, contenían errores o constituían un abuso del proceso judicial, corresponde aplicar las normas y sanciones que establece la ley. Eso es independiente de si fueron redactados por una persona, con ayuda de inteligencia artificial o mediante cualquier otra herramienta tecnológica.

El verdadero problema es otro. Nuestro sistema judicial quedó expuesto porque fue diseñado para un mundo donde todas las interacciones ocurrían a velocidad humana.

Durante décadas, la principal limitación de cualquier procedimiento administrativo fue el tiempo de las personas. Presentar miles de escritos requería semanas o meses de trabajo. Hoy, un agente de IA puede realizar esa misma tarea en minutos. Esa capacidad no es una anomalía; es la nueva realidad.

Prohibir la IA no resolverá ese desafío. Sería como culpar al termómetro por revelar que tenemos fiebre.

Lo ocurrido debería llevarnos a una reflexión mucho más profunda. Si una sola persona puede saturar una plataforma crítica mediante operaciones que el sistema permite realizar, la pregunta no es únicamente quién ejecutó esas acciones. También debemos preguntarnos por qué la plataforma carecía de mecanismos para administrar ese volumen de solicitudes, detectar comportamientos inusuales o distribuir adecuadamente la carga.

La inteligencia artificial no solo automatiza tareas; cambia la escala a la que pueden ejecutarse. Y ese cambio obliga a rediseñar procesos e instituciones. Los sistemas públicos ya no pueden construirse suponiendo que todos los trámites serán realizados manualmente. Necesitan incorporar controles inteligentes, validaciones automáticas, límites razonables de uso y mecanismos que distingan entre una operación legítima y un comportamiento abusivo.

Paradójicamente, este episodio puede transformarse en una oportunidad. La IA no creó una debilidad institucional; simplemente la hizo visible. Expuso procesos que dependían de las limitaciones del trabajo humano y que nunca fueron preparados para convivir con agentes capaces de ejecutar miles de acciones en pocos minutos.

Este desafío trasciende al Poder Judicial. Lo enfrentan los municipios, los servicios públicos, y, en general, toda institución cuya transformación digital consistió en trasladar formularios de papel a una plataforma web, sin rediseñar el proceso para un entorno donde la automatización es parte de la normalidad.

La primera etapa de la digitalización consistió en convertir trámites presenciales en trámites electrónicos. La siguiente exige algo mucho más ambicioso: rediseñar nuestras instituciones para convivir con agentes de inteligencia artificial.

La IA no espera. Los ciudadanos tampoco deberían hacerlo. En lugar de culpar a la tecnología por exponer nuestras debilidades, aprovechemos la oportunidad para corregirlas.