El desplazamiento del campo de batalla
La tramitación parlamentaria de la megarreforma del Gobierno se acerca a su fin, a la espera de que el Senado vote la propuesta de la comisión mixta. También el Gobierno ingresará vetos en un par de áreas críticas (como la prohibición del anatocismo), que se colaron debido a errores del oficialismo. Falta, eso sí, una discusión anunciada hace varias semanas: el recurso al Tribunal Constitucional sobre algunas materias tributarias y ambientales. Celebro que las izquierdas recurran al TC: significa que ahora reconocen en él un actor válido en el proceso político e institucional. Con esto dejan atrás, aunque sea de facto y por motivos espurios, sus críticas de que era una “tercera cámara” orientada a “neutralizar” la voluntad popular o las mayorías legislativas.
Si ese recurso no se transforma en moneda común (aunque permítanme ser pesimista dado el estado caótico en el que se encuentran sumidas las izquierdas), puede ser un síntoma de normalización constitucional. Vaya que la necesitamos.
Ahora bien, hay un punto en el que recurrir a un tercero para que zanje una discusión se ha vuelto problemático. No hablo, por supuesto, de los tribunales de justicia. Estos son un logro civilizatorio que debiéramos proteger. Me refiero al creciente rol que desempeñan en Chile los órganos autónomos del poder político: la Contraloría, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Comisión para el Mercado Financiero, el Consejo Fiscal Autónomo o el mencionado Tribunal Constitucional. Cada uno surge para tutelar bienes distintos, pero comparte con los demás el hecho de que sus miembros no son elegidos democráticamente y que, en su funcionamiento, procura excluir el razonamiento estrictamente partidista.
Dado que están abstraídos de la lógica política común, su legitimidad no puede medirse en votos ni en el apoyo ciudadano. La legitimidad del TC, de la Contraloría y el INDH se juega en otros ámbitos. Menciono dos: que no sean capturados por el juego político y que su funcionamiento responda a la función que les dio origen. Y ahí mismo están los riesgos. Por ejemplo, que el TC se transforme efectivamente en una tercera cámara porque sus fallos responden más a la posición política de sus ministros; o que la Contraloría, en un esfuerzo loable por contribuir a un mejor uso de los recursos públicos, comience a intervenir en ámbitos que no son los de su competencia, donde se empieza a dudar de cuáles son los efectos que se buscan producir en la opinión pública. El INDH, de hecho, es un claro ejemplo de lo que no hay que hacer. A pesar de tener un consejo que pretende ser plural, lo cierto es que desde sus orígenes no ha logrado desprenderse de la fama de ser un organismo capturado por las izquierdas y de excluir sistemáticamente las posiciones que no encajan con la doxa predominante en su interior. No es la caricatura de la derecha radical. Sergio Micco, a quien difícilmente le cae el mote de “facho”, hubo de sufrir los embates internos por tensionar la versión estándar de las violaciones a los derechos humanos durante el estallido (y por ser contrario al aborto).
No se trata simplemente de pasarle cuentas al INDH, aunque le vendría bien una reforma que garantice ese pluralismo tan resistido. Se trata, sobre todo, de que esas instituciones autónomas no caigan en la lógica que hoy impera en el Congreso y que pasen a operar con formas de legitimidad distintas. Dado que el proceso político hoy no está logrando una eficacia razonable, y que los perdedores de este buscan influir en los resultados por otros medios, los primeros en resistir debieran ser los propios miembros de tales órganos. Atarse, como Ulises, tan de moda hoy, al mástil de su misión, desempeñarla honradamente y con apego a su mandato, resistir el canto de sirena de la popularidad o de hablarle a alguno de los grupos de interés que los rodean. Dado que el combate político se ha vuelto tan complejo, resulta natural que el campo de batalla se desplace a otras sedes. Pero como nos recuerda Arturo Valenzuela en El quiebre de la democracia en Chile, ese traslado no se produce sin pagar consecuencias; no resuelve el conflicto, solo cambia su ubicación y termina reventando más masivamente.