El vaciamiento del Estado
Durante siglos, el Imperio romano se sostuvo en una red densa de ciudades gobernadas por consejos locales, integrados por ciudadanos conocidos como curiales. Formar parte de estos concejos era considerado un deber cívico y un signo de estatus. Las familias acomodadas competían por estos cargos que combinaban honor con responsabilidad pública. Sin embargo, hacia el siglo V, en pleno declive progresivo de la Roma occidental, esa responsabilidad se transformó en una carga temida.
En ciudades como Rávena —sede imperial tras la retirada de la corte desde Milán—, el sistema municipal entró en crisis. El cargo curial ya no era honorífico: implicaba recaudar impuestos con responsabilidad patrimonial personal, financiar obras públicas y garantizar el abastecimiento urbano. El resultado: los curiales comenzaron a huir masivamente: algunos se ordenaron como clérigos (aprovechando las exenciones de Constantino), otros se casaron con campesinas para perder su estatus de ciudadano y muchos simplemente abandonaron las ciudades.
Para prevenir esta situación, el Estado respondió con medidas cada vez más coercitivas: prohibiciones de emigrar, persecución a los fugitivos, convertir el cargo en hereditario, incluso castigar a los descendientes. En 458, una ley imperial ordenó a los curiales rurales regresar forzosamente a las ciudades. Empero, ni el control ni la fuerza bastaron para revertir esta situación. En otras palabras, gobernar ya no era un privilegio, sino un castigo. Y cuando eso ocurre, las instituciones colapsan desde dentro.
Esta historia, aunque lejana, todavía resuena inquietantemente con lo que vive nuestro país, pues también enfrentamos un vaciamiento progresivo del servicio público. Ya no se trata del rechazo solo a la política partidaria, sino hacia el conjunto de nuestra administración pública: ministerios, municipios, gobiernos regionales, entre otros. La verdad es que cada vez cuesta más atraer personas talentosas y comprometidas al servicio público. De hecho, es justamente esto lo que explica que figuras como la contralora Dorothy Pérez sea tan bien recibida por el hecho de hacer su trabajo.
Muchos profesionales capaces, especialmente jóvenes, prefieren mantenerse al margen e inclinarse por trabajar en el sector privado. El temor a la exposición mediática, al deterioro de su imagen y la sensación de que “no vale la pena” han afectado la noción de entender el servicio público como una vocación. Aquí es donde radica nuestro problema más fundamental.
Sin embargo, revertir esta situación no es imposible. Por una parte, los incentivos juegan un papel fundamental: las remuneraciones, condiciones laborales, la protección ante exposición mediática injusta, y sistemas de carrera que reconozcan el mérito y la proyección a futuro. Pero también es clave recuperar el propósito: la idea de que trabajar para el Estado puede tener un impacto real. Sin incentivos, solo quedarán idealistas; sin propósito, solo quienes no tienen mejores opciones.
El caso de Rávena, con su pérdida progresiva de influencia, puede tener muchas diferencias con nuestra realidad. Pero una de sus claves derivó del vaciamiento humano: la falta de personas dispuestas a sostenerla. Hoy, Chile enfrenta un riesgo parecido: que el Estado se vuelva un lugar incapaz de atraer talento. Por eso, recuperar el valor del servicio público no es solo una tarea administrativa, sino también moral. De ello podría depender, en buena parte, la solidez de nuestra democracia.
