Agenda “woke” y regulación económica: el ejemplo de la CMF
Walmart, la mayor empresa empleadora de los Estados Unidos, anunció el abandono de las iniciativas DEI (Diversidad, Equidad e Inclusión). Sigue la estela de Toyota, Ford y otras grandes empresas que están renunciando a esta agenda, debido a la proliferación de sobrerregulaciones y a la reacción adversa de los consumidores, que se organizan en distintos países (go woke, go broke).
Las iniciativas DEI, como se sabe, constituyen un programa respaldado por el Foro Económico Mundial. Buscan disciplinar a los trabajadores, influir en la mente del consumidor y en el comportamiento de proveedores. Reglamentos y protocolos milimétricos, índices de igualdad corporativa, programas de inclusión (o exclusión) de proveedores, certificados de buena conducta, imposición del lenguaje “inclusivo”, publicidad dirigida a cuestionar lo que llaman “estereotipos”, por ejemplo.
Según declaraciones a “El Mercurio”, el director general de “Factor Diverso” (una ONG que promueve estos temas) señaló que “a diferencia de Estados Unidos, en Chile hay una serie de regulaciones que han ido instalando exigencias de diversidad e inclusión”, o sea, en buen castellano, exigencias de la agenda “woke”. Ya tenemos la Ley 21.643, “Karin” (en lo que tiene de invasivo); la Ley 21.675, de violencia de género (en lo que tiene de absurdo, con sus nueve formas de violencia). Ahora, la norma 461 de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) que obliga a reportar anualmente (no es broma) el comportamiento en materia de “diversidad e inclusión”.
No olvidemos que las ideologías “woke” asumen que las relaciones humanas se configuran estructuralmente en términos de opresores y oprimidos (hombres contra mujeres, heterosexuales contra “disidencias”, nacionales contra migrantes, ciudadanos contra pueblos originarios, etc.), por lo que es imperativo prevenir, vigilar y sancionar lo que se desvíe de la densa sobrerregulación que, a partir de esas premisas, sus seguidores imponen al mundo de lo cotidiano.
La Norma de Carácter General N° 461 de la CMF incorpora nuevas temáticas sobre “gobierno corporativo” a efectos de la memoria anual de las entidades supervisadas. ¿Deberían estar todos contentos, porque hay más regulación? Ya lo sabemos: más regulación no equivale a buena regulación. Que esta es siempre necesaria. Que la otra, hasta el diablo le huye.
La Norma de Carácter General N° 461 establece la adopción de una serie de “buenas prácticas” en relación con el “cambio climático” o “el respeto por los derechos humanos”, lo que, obviamente, dependerá de cómo se utilicen estas categorías. El problema no está en la posibilidad de realizar buenas prácticas, siempre bienvenidas, sino en qué “prácticas” de por “buenas” el guardián administrativo, y ahí está el peligro. El activismo verde o de derechos humanos de los emprendedores normativos (norm entrepreneurs) se solapan fácilmente bajo aquellos paraguas y en ambos casos constituyen un ilegítimo subrogado de la competencia técnica que le corresponde legalmente a un órgano como la CMF.
En el área de la diversidad e inclusión, dice la norma que deberán adoptarse “buenas prácticas” referentes a “cómo la entidad detecta y reduce barreras organizacionales, sociales o culturales que pudieren estar inhibiendo la diversidad de capacidades, condiciones, experiencias y visiones que, sin esas barreras, se habría dado naturalmente en la organización” (3.1. vi.).
No comprendo cómo un banco, una compañía de seguro, una entidad emisora de valores de oferta pública o una administradora general de fondos podrían dedicarse a “detectar” (para después “reducir”) las “barreras culturales” que “están inhibiendo” las “diversidades” (de capacidades, condiciones, experiencias y visiones) que, “sin esas barreras”, se habría dado “naturalmente” en la organización. Competencias de esta especie se encuentran razonablemente fuera de los objetivos de bancos, compañías de seguros, emisora de valores de oferta pública y administradoras generales de fondos.
Sospecho que también desorbitan las atribuciones de la CMF, que no ha sido estatuida para supervigilar que las entidades a su cargo “detecten” y “reduzcan” etéreas barreras culturales, por más que se las presente dentro del inmenso arsenal de políticas, prácticas y metas adoptadas en materia medioambiental, social y de gobernanza (ASG) que hay que reportar.
Me temo que si reunimos a abogados, lingüistas, psiquiatras, expertos en management sciences, semiólogos, psicólogos sociales, psicólogos clínicos, psicólogos laborales, neurofísicos, sociólogos, y otro par de etcéteras, no lograremos consenso al menos en cuatro cosas: (a) qué caracteres debe contener una “barrera cultural” que impida “naturalmente” la floración de diversidades al interior de la organización; (b) qué instrumentos serían los más eficaces para “detectarla” sin residuos; (c) si se ha de recurrir o no a técnicas invasivas para “reducir” la barrera detectada; (d) si todo lo anterior ha de constar en un reglamento o protocolo, y cuál debiera ser su nivel de detalle (para no afectar eventualmente los derechos fundamentales de todos los implicados).
En resumen: cada vez mayores regulaciones, cada vez más trabas burocráticas, pero ahora nos dispensan con regulaciones abstrusas, ideológicas y fuera de órbita. Como si ya fuera poco.
