Malas y buenas propuestas para reformar el sistema de pensiones
La insistencia del Gobierno en presentar malas propuestas refundacionales de reforma del sistema de pensiones tuvo nuevas iteraciones en las últimas semanas con el “Marco” presentado al Senado (31 julio) y el “Protocolo” acordado con el Senado (7 de agosto). Estos documentos contienen muchas ideas pésimas, algunas mediocres y pocas buenas.
Una propuesta particularmente mala es la licitación automática de los afiliados antiguos a las AFP, empujada por el Gobierno y algunos economistas.
Las AFP manejan e invierten los fondos pensionales ahorrados por sus afiliados, obteniendo rentabilidades sobre dichas inversiones y entregando más de 20 servicios a sus afiliados, a quienes cobran comisiones. La obligatoriedad del ahorro obligatorio conlleva una imperfección de mercado: la heterogeneidad entre los afiliados respecto de su educación financiera, su comprensión del sistema previsional y su interés por entenderlo. Ello redunda en la falla sistémica mayor: la ausencia de un diálogo entre las AFP y sus afiliados para superar parte de las falencias anteriores, apoyando una información más completa respecto de los resultados comparativos de su AFP y una decisión informada sobre su permanencia o cambio a otra AFP. ¿Qué se puede hacer al respecto?
La propuesta del Gobierno (P1) se centra solo en las diferencias en comisiones entre AFP. Con el objetivo único de reducir comisiones, P1 propone una reforma legal que obligaría a una licitación obligatoria de todos los afiliados actuales en 10 años (20% cada dos años), con la reserva de una opción de no participación por cada afiliado, que requiere de su desistimiento explícito. Esta propuesta tiene negativas consecuencias financieras, legales, constitucionales y de operación del sistema de pensiones. Sin embargo, la mayor falencia de esta propuesta es que no corrige la imperfección inicial: la falta de información de los afiliados y la ausencia de un diálogo constructivo entre las AFP y sus afiliados.
Mi propuesta (P2) corrige el problema en su raíz. Plantea una reforma legal que obligaría a las AFP a realizar lo siguiente, cada 2 años, en tres etapas. (Más detalle en mi columna en “El Mercurio”, 1 de agosto).
Etapa 1: cada AFP provee información completa y comparativa sobre comisiones actuales y las rentabilidades de los dos últimos años. Etapa 2: cada AFP realiza un diálogo secuencial con cada uno de sus afiliados, basado en preguntas secuenciales que fuerzan a cada afiliado a decidir activamente sobre su afiliación en la AFP actual o su cambio a otra. Los afiliados que deciden explícitamente que quieren participar en la licitación de nuevos afiliados y los que no responden se agregan a la licitación anterior, cada dos años.
Etapa 3: después de los resultados de la licitación, las AFP vuelven a consultar a los afiliados que han participado en ella si quieren cambiarse o no.
A la luz de estas propuestas, dos encuestas recientes han consultado a la ciudadanía sobre el apoyo y el rechazo de ambas. Los resultados son lapidarios. El 85% de los chilenos rechaza la P1 en la Encuesta Studio Público. En la Encuesta Panel Ciudadano UDD, solo un 32% aprueba la P1, mientras que un 82% aprueba la P2.
Otra mala propuesta del Gobierno es la creación de un “Seguro Social” (un sistema de reparto), financiado por un 3% de cotización de los trabajadores. Además el Gobierno, entre otras malas ideas, insiste en separar la industria a través de la división de las más de 20 funciones realizadas hoy por las AFP entre nuevos agentes estatales y privados, y hacer participar al Estado en la administración de ahorros previsionales. En las encuestas mencionadas los chilenos rechazan mayoritariamente las propuestas del Gobierno.
Para una buena reforma previsional, acá reitero siete ideas matrices, en su mayoría propuestas desde la Comisión Marcel (2006) en adelante.
1. Incrementar la tasa de contribución de 10% a 16%, todo a cuentas individuales administradas por las actuales AFP.
2. Aumentar las edades de jubilación.
3. Reemplazar las comisiones sobre sueldos por comisiones sobre saldos ahorrados.
4. Perfeccionar la regulación de las inversiones.
5. Reemplazar la PGU por el anterior Aporte Previsional Solidario.
6. Corregir los incentivos a la evasión y la informalidad: un programa coherente de reformas laborales, tributarias y de los programas sociales.
7. Nunca más retiros.