Tras un año de tramitación legislativa se aprobó la denominada ley corta Isapres.

Si bien esta ley no se instala a partir de un diseño ex ante de política pública sino para resolver una coyuntura, sin duda establecerá cambios en la industria de la salud cuyo impacto conoceremos en los próximos meses.

Teniendo en consideración los efectos esperados a partir de la implementación de la ley, es necesario que cada entidad e institución reconozca en este escenario cuáles podrían ser sus amenazas y oportunidades, a objeto de tomar las medidas oportunas para alejarse de las primeras y aprovechar las segundas.

Por un lado, las Isapres se enfrentarán al desafío de responder a los compromisos de devolución de cobros en exceso con un plan de contingencia ante el regulador que incluirá la justificación para el incremento extraordinario de sus primas con tope en un 10%, tal como especifica la ley.

Se reconfigurará la relación con los prestadores implementando precios de transferencia, ya no tan solo bajo la modalidad de prestaciones aisladas, sino que también de soluciones de salud integrales, valorizadas con un precio único.

Su implementación, por tanto, exigirá la remodelación de planes y bonificaciones.

Esta pudiera ser la oportunidad para que el pago por prestaciones incorpore los mecanismos de pago ajustado a riesgo.

Los prestadores, por su parte, son otras entidades que, con seguridad, enfrentarán nuevos escenarios que modificarán su relación con los aseguradores, los cuales buscarán ajustar los precios de transferencia a la baja y otros mecanismos que contengan los costos a nivel, como utilización de días camas y emisión de días de licencias médicas.

Mientras esto ocurre a nivel de los actores que operan bajo las reglas del mercado, a nivel público esta ley también desafiará a los tomadores de decisiones.

Fonasa deberá implementar prontamente una licitación pública para ofrecer un seguro complementario de salud.

El diseño determinará, a su vez, el tipo de póliza que las aseguradoras ofertarán en la licitación y qué tan atractiva esta resulta para los usuarios, tanto en precio de prima como de coberturas de atención.

Finalmente, en el seno del gobierno, se abrirá la discusión, si es que ya no ha ocurrido, sobre el proyecto de ley que el ejecutivo comprometió para octubre que, incluso, quedó refrendada en el articulado de la ley.

Es de esperar que esta propuesta permita avanzar hacia un modelo de aseguramiento privado que opere bajo lógica de seguridad social, incorporando la compensación de riesgo, termino de la declaración de salud, libre movilidad de los afiliados y un plan de salud universal.

Simultáneamente, se debe buscar el fortalecimiento del Fonasa para que este opere definitivamente con lógica de seguro público, con las atribuciones que esta condición le entregaría para resguardar los intereses de los ciudadanos.

Pasado los tiempos de máxima incertidumbre, es momento de que cada cual asuma sus desafíos y presente al país una mejor versión del sistema de salud que tenga una certeza clara: responder de mejor manera a los desafíos sanitarios de hoy y el futuro.