De la Carta Magna a la acción
No es majadería, pero hay un hecho cierto y concreto: durante la pandemia, si Chile no tuvo el dilema de la última cama fue porque se pusieron al servicio de todo el país los dispositivos sanitarios disponibles en toda la red pública y privada, independiente de la capacidad financiera de la persona, con un único fin, resguardar su salud. Este es el camino al que debemos aspirar en el futuro y no solo en crisis sanitarias. Y, en ese sentido, la propuesta de nueva Constitución que se votará en ocho días más garantiza el derecho a la salud con un diseño de sistema de financiamiento mixto que, con reglas claras, permite que todos puedan acceder a esta disponibilidad de oferta que solo es posible teniendo un sistema privado y un sistema público, tanto en financiamiento como en prestaciones.
Sin un sistema de salud mixto, independiente que hoy sean las isapres y en la próxima década asuman otro nombre y forma, los prestadores privados también disminuirían en su capacidad de recibir pacientes del sector público. Y hoy, casi la mitad de los pacientes de alta complejidad son derivados al sector privado. El país requiere del privado. Tener un sistema mixto de financiamiento en salud que permita, a su vez, dar estabilidad a los prestadores privados, es una estrategia que beneficia a todos los chilenos.
La nueva propuesta de Constitución deja las bases sentadas para que ese derecho pueda entregarse a la ciudadanía. Esto no es menor, menos en el momento crítico que estamos viviendo hoy entorno al sistema de salud en Chile. Por mucho tiempo, la utopía de querer un sistema perfecto y no ponernos de acuerdo ha llevado a estar como estamos.
El gran punto que tiene esta propuesta de Constitución no es que solo deja consagrado el derecho a la salud, sino que también permite que pase de palabras a hechos. Le impone al Estado garantizar este acceso, pero, además, establece que se haga de una forma determinada: con un plan nacional de salud. Por primera vez tenemos una hoja de ruta en salud más clara para poder generar políticas públicas que consagren este derecho a la salud. Esto va en línea directa con lo que ha definido la Organización Mundial de la Salud para sus países miembros: avanzar hacia la cobertura universal de salud. Es decir, que cada persona pueda tener la seguridad de que, frente a las necesidades de salud, tendrá acceso y cobertura financiera oportuna. Y qué duda cabe que, para que esto sea posible, el sistema mixto de financiamiento es la mejor opción.
Estoy segura que de aprobarse esta nueva Constitución habrá un cambio a nivel político para sentarse a hablar en serio, sin ideologías de por medio y con la nueva Carta Magna en mano, sobre la tan necesaria reforma de salud que necesitamos. Será el empujón para salir de este empantanado escenario en donde, durante décadas, no hemos podido emerger.
Estos últimos meses hemos sido testigos de cómo, a pesar de tener acuerdos transversales de expertos de distintas opiniones políticas, no hemos podido avanzar ni un ápice en tema de mejora en el sistema de salud. ¿La principal piedra de tope? La ideología.
Sin duda, la reforma en salud podrá realizarse con una mejor eficiencia con esta propuesta de nueva Constitución. Por eso, no solo es buena, sino que también necesaria, para el ahora y para sentar bases de una reforma que servirá para futuras generaciones.
Si no se aprueba, nos perdemos la oportunidad de un cambio a largo plazo.
Y el único perdedor será Chile.