Pacto para el crecimiento
Los cuestionamientos que se hicieron al proyecto de reforma tributaria presentado por el gobierno, y que finalmente derivaron en su rechazo, motivaron un cambio en el eje de las negociaciones que ha venido liderando el ministro Marcel. Ya no se habla de un “pacto tributario” centrado únicamente en los temas impositivos, sino que el ámbito del debate se ha ampliado para incluir también materias relacionadas al logro de una mayor eficiencia en el gasto público, con lo cual el concepto que ahora predomina es el de un “pacto fiscal para el desarrollo”. Se trata sin duda de un avance importante, ya que, si el objetivo final es obtener recursos para poder destinarlos a programas de gasto considerados prioritarios, ello no pasa (necesariamente) por subir los impuestos, ya que también cabe realizar un esfuerzo de reasignación de gasto desde todas aquellas áreas donde ya no se justifica la mantención de programas que por inercia -y por “captura” política- se han continuado desarrollando, a pesar de que su evaluación de impacto no es positiva.
Pero dicho lo anterior, y con todo lo positivo que tiene este cambio de foco, sigue siendo ésta una mirada reduccionista del problema de fondo que afecta a la economía chilena, como lo es el deterioro en la capacidad de crecimiento de mediano y largo plazo, piedra angular para la generación de más y mejores empleos, de mejores salarios y de nuevos recursos fiscales. Lo que hoy día se necesita con sentido de urgencia es, más que un “pacto fiscal”, un “pacto por el crecimiento”, que trascienda el tema de los impuestos y del gasto público, en el que se establezcan ciertos mínimos comunes necesarios para avanzar en esta dirección.
Son variados los elementos que deberían formar parte de estos mínimos comunes para retomar la senda de crecimiento perdida, pero lo que no debería faltar, además de “lo macro”, es lo que está pendiente en “lo micro”: mayor certeza jurídica en las regulaciones que afectan la puesta en marcha de nuevos proyectos, así como la agilización de los trámites y permisos requeridos; eliminación de trabas que permitan introducir mayor competencia en los mercados, de manera que nuevos emprendedores puedan “desafiar” a los actores incumbentes, fomentando la innovación en productos y procesos; facilitar la transferencia tecnológica desde las entidades que las generan hacia el sector productivo; introducir mayor flexibilidad en el mercado laboral, factor clave para que los nuevos emprendimientos puedan escalar sus niveles de operación generando nuevos puestos de trabajo; y mejorar la capacitación de la fuerza laboral, permitiendo así una reconversión acorde con los nuevos requerimientos que impone la economía global. Y todo esto, bajo la lógica de un “Estado-facilitador” centrado en nivelar la cancha y en generar las condiciones de entorno requeridas para que pueda desplegarse el potencial de emprendimiento que hay en Chile, y no la de un “Estado-emprendedor” que pretende sustituir lo que el mercado y la iniciativa privada están en mejores condiciones de hacer.