Inestabilidad tributaria en las pymes
La reforma tributaria aprobada durante el segundo gobierno del presidente Piñera dejó establecida en forma transitoria una tasa de impuesto de primera categoría de 10% para las pymes con ventas anuales hasta 75 mil UF durante los años comerciales 2020 a 2022, ajustándose posteriormente a 25% a partir del año calendario 2023. El proyecto de reforma que está tramitando actualmente el Presidente Boric contempla para estas empresas una tasa también de 25%, pero a contar del año 2025, con un ajuste gradual que la subiría del actual 10% a 13% en 2023 y a 20% en 2024.
Y continuando la saga, en la reciente tramitación del aumento en salario mínimo a $500 mil, para lograr su aprobación el ministro Marcel se comprometió a enviar una indicación manteniendo la tasa para el año comercial 2023 en 10%, subiéndola a solo 12,5% el 2024, y ajustándola a la tasa (permanente) de 25% a contar del año siguiente. Siendo entendibles las aprensiones manifestadas por diversas agrupaciones de pymes respecto del impacto negativo que les significa un aumento en el salario mínimo como el que finalmente se aprobó, no parece una buena medida utilizar como moneda de cambio la tasa de impuesto a las utilidades para compensar efectos negativos derivados de otras causas.
Siendo la variable tributaria un factor importante que consideran los emprendedores al momento de tomar decisiones de negocio, la variabilidad tributaria que se ha venido observando en esta materia no constituye una señal que contribuya a generar un marco de mayor estabilidad. De hecho, es muy probable que una vez que se retome la discusión sobre la reforma tributaria, en el marco de la nueva realidad política que enfrenta el Gobierno y que lo va a obligar a moderar sus posturas originales, continúen las presiones de los gremios pymes por lograr una menor carga impositiva.
Siendo esto algo plenamente razonable, en atención a la pesada mochila tributaria que deben llevar sobre sus espaldas las empresas chilenas en el concierto mundial, lo que no tendría sentido es aliviarle la carga solo a un grupo de ellas. Y lo peor que podría pasar sería que se llegara a establecer una escala de impuesto de primera categoría creciente, en función del nivel de ventas de las empresas o de otra variable indicativa de tamaño. Aparentemente parece razonable la postura de que las empresas de menor tamaño deban soportar una carga regulatoria e impositiva más liviana que las de mayor tamaño, pero se trata de un argumento falaz.
De hecho, se da el contrasentido de que un gravamen más bajo a las pymes termina transformándose en un “impuesto al crecimiento”, ya que desincentiva artificialmente la expansión de las empresas, en circunstancias de que es el crecimiento de las empresas lo que permite generar mayor empleo y mejorar la productividad.
Cuidado con esto.
